“A confesión de parte, relevo de pruebas”, dice el axioma jurídico y su significado es conocido particularmente por los abogados: significa que, cuando un involucrado en un hecho ha admitido tener alguna responsabilidad, entonces ya no es necesario probarlo.
Pero, desde luego, todo lo que tenga que ver con la juridicidad es algo que no le interesa al expresidente Evo Morales. Recuérdese que, cuando estaba en el cénit de su poder, fue él mismo quien confesó que no le importaba ir contra la ley porque, les decía a sus abogados, “si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado?”.
Esa ya famosa frase es de 2008 y todo lo que pasó después demuestra que Morales no cambió de forma de pensar y, por el contrario, siguió “metiéndole nomás”, al punto de que existe una larga lista de las ilegalidades cometidas en su dilatado gobierno. La más grave, como sabemos, fue no respetar la voluntad popular y postularse a una nueva reelección, pese a que ya estaba constitucionalmente impedido de hacerlo.
A él solo le interesa la Constitución cuando le conviene a sus intereses. Así, ahora la esgrime para justificar que el Órgano Judicial haya sentenciado a la expresidenta Jeanine Áñez, por haber vulnerado el orden constitucional. Pero, al haber ejercido el mando del Estado cuando presuntamente cometió los delitos que se le endilga, ella debió haber sido procesada por una jurisdicción especial, la de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante el mecanismo jurídico denominado juicio de responsabilidades que fue aplicado incluso a un feroz dictador militar como fue Luis García Meza.
Como sabemos, en realidad, los juicios contra Áñez no son jurídicos, sino fundamentalmente político. Según confesó el propio Evo, su instauración no surgió de una decisión de los administradores de justicia, sino de un partido. Luego de que se difundieron sus declaraciones, Morales acusó nuevamente a los medios de comunicación de haberlo tergiversado.
Para demostrar que no fue así, transcribimos lo que dijo: “Solo quiero comentarles: en una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaban David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima (ministro de Justicia), ministra de la Presidencia, Pacto de Unidad, jefes de bancada, senadores, diputados, presidentes de las cámaras, casi todi… casi todos coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades.
¿Qué yo entiendo, en mi inocencia que no ser jurista?, ¿qué entiendo?, ¿qué es juicio de responsabilidades? Que en la Asamblea se va a dar un debate, un debate político, si le hallan si es responsable o no es responsable. Para eso es un juicio de responsabilidades, y ahí deciden decisiones políticas… si hay dos tercios o no hay dos tercios, ¿no? Pero, después del fallo, se arma un debate sobre el juicio de responsabilidades; como la sentencia dice ‘hubo golpe de Estado’, corresponde un juicio ordinario y ya juicio ordinario. ¿Qué dijimos, en una reunión, la mayoría?; ‘hay bancada’, dijeron. Por tanto, será el próximo debate, un debate justamente para poder… hacer, y seguirá la justicia los pasos correspondientes. ¿Qué es lo más importante, además de eso? Tiene que haber retroceso para que nunca más haya un golpe de Estado, no solamente en Bolivia sino en toda América Latina, y esa es otra tarea. Y algunos decían: ‘no, si no hay juicio de responsabilidades, nos va a llevar a CIDH… CIDH tiene que respetar la soberanía jurídica de Bolivia’. No son mandones, son patrones, no son gendarmes para imponer. Que defiendan la vida y que respeten la soberanía jurídica”.
Como se ve, fue la cúpula del MAS la que dictó sentencia y los jueces fueron simples ejecutores. Se optó por la justicia ordinaria porque no tiene dos tercios en el Congreso.
A confesión de parte, relevo de pruebas.
