Un reportaje publicado en el portal “Bolivia Verifica” ha puesto en evidencia un hecho que todavía no parecen haber advertido los elementos políticos de Chuquisaca y Potosí: los sueldos de los gobernadores de estos departamentos figuran entre los más altos del país.
¿Qué tan necesaria es la medida del sueldo para juzgar a nuestros políticos? Por lo menos en los casos mencionados, poco o nada se les puede reclamar a las autoridades de las gobernaciones porque estas se encuentran en funciones desde mayo del año pasado y, hasta la fecha, no se conoce que hayan aprobado incrementos salariales. Por ello, la información que maneja dicho portal es del año 2020 y ha sido proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, dato que en las gobernaciones aludidas el tema se maneja con secretismo.
Según el informe de referencia, el gobernador que más gana es el de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuyo haber básico es de 19.859 bolivianos; empero, la propia Gobernación cruceña ha aclarado que ese monto es entregado mensualmente a dos organizaciones sociales de beneficencia, en el orden de una mitad para cada una. Como Camacho es millonario, ese dinero no le hace falta y, en los hechos, lo que recibe por desempeñar sus funciones públicas es cero.
Después de este último dato, los gobernadores de Beni, Alejandro Unzueta; de Chuquisaca, Damián Condori, y de Potosí, Jhonny Mamani, son los que ganan más, pues su sueldo es de 17.250, 17.100 y 17.000 bolivianos, en ese orden. Como las diferencias son mínimas, para simplificar, los tres ganan prácticamente lo mismo: más o menos 17.100 bolivianos.
Si tomamos en cuenta que las tres autoridades gobiernan departamentos con economías deprimidas, esos montos son descomunales. Y como arrastran a toda su escala salarial, le representan un alto costo a sus respectivas regiones. De este grupo de tres, del único que se puede justificar —en cierta medida— lo percibido es el de Potosí, puesto que ese departamento tiene regalías mineras cuya cuantía está en ascenso, pero, ¿y los otros dos? No es el caso de Chuquisaca: estamos hablando de una región que no solo se puede llamar económicamente deprimida, sino pobre.
Pero, al margen del dilema moral que representan tales sueldos, cabe preguntarse si actualmente son una medida razonable, cuando de ingresos por el cargo se trata. Para ser realistas, 17.000 bolivianos no son una suma alta, en comparación a lo que se gana en otros países, y, debido precisamente a ello, no es el principal atractivo para asumir estas responsabilidades. No obstante, lo que se ha dicho también es que son pocos los políticos que aspiran a un cargo por la cuantía del sueldo. La verdad es que muchos quieren llegar a esas responsabilidades por otras razones.
Por una parte, a muchos políticos les fascina la idea del ejercicio del poder, la posibilidad de mandar sobre las personas y conseguir que hagan cuanto se les pide. A otros, por otra parte, cargos de jerarquía les permiten obtener ingresos extras por diferentes conceptos, desde la venta de espacios públicos hasta la recepción de sobornos para conseguir la adjudicación de contratos que son pagados con recursos fiscales.
Las empresas que quieren adjudicarse un contrato saben que la vía más segura para hacerlo es pagándole a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), la más conocida vía de enriquecimiento para esas autoridades. Una prueba de esta mala costumbre es lo sucedido con las 41 ambulancias que se iba a comprar para la Gobernación de Potosí.
Por tanto, “el sueldito es nada, el sobornito la cochinada”, como dicen vulgarmente por ahí. La remuneración mensual ya no es el centro del asunto, cuando de ejercer un alto cargo se trata. (R)
