La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el máximo organismo de integración internacional y, a ese nivel, se ha observado la sentencia impuesta por un tribunal ordinario de primera instancia en contra de la expresidenta Jeanine Áñez.
No es para menos. Para cualquier persona que tenga nociones básicas de Derecho ha quedado claro que la exmandataria debió ser juzgada por un procedimiento especial, como es el juicio de responsabilidades, y no mediante la justicia ordinaria.
A través de un comunicado público, la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó sus observaciones a la sentencia y todas ellas son de orden procesal, técnico-jurídico, sin incurrir en apreciaciones de tipo político. Ante ese máximo organismo, somos un país sin capacidad de administrar justicia de manera correcta e independiente.
Aunque la Misión Técnica del despacho que encabeza la chilena Michelle Bachelet aclara en su nota que la observación realizada no comenta ni refrendar las conclusiones del tribunal sobre la responsabilidad penal de los acusados en el caso “Golpe II”, sí cuestiona varios puntos de ese proceso como, por ejemplo: la acumulación de la detención preventiva, el impedimento de los acusados para asistir a su juicio, la no exigencia de comparecencia de los testigos, las restricciones a los medios de comunicación, y la alteración al equilibrio procesal.
Cuando se menciona la palabra ‘justicia’ se habla de muchos y de nadie a la vez, por eso será que ni este ni los anteriores gobiernos tienen sangre en la cara para sonrojarse un poco después de señalamientos como los de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh): el hecho de que no haya una cabeza visible probablemente hace que las críticas permanentes a su actuación se escriben y se hablan, pero nadie recoge el guante.
“La justicia en Bolivia está completamente desacreditada porque no es imparcial, es corrupta y responde fielmente a las instrucciones del partido gobernante”, se suele decir, pero nadie se siente aludido por una crítica tan dura como esa. O quizá también a los algo más de 1.000 jueces del país no les importe mucho lo que se diga de ellos, mientras tengan trabajo asegurado y, en varios casos, dinero extra por sus fallos, como se ha demostrado en diversas oportunidades.
¿Alguien cree que Germán Ramos, Marco Antonio Vargas y Liz Avilez, jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz que condenaron a Jeanine Áñez a 10 años de prisión porque, para ellos, hubo golpe de Estado en 2019, están en algún lugar de sus casas u oficinas golpeando mesas o escritorios por un ataque de conciencia tras haberse prestado al juego político de Evo Morales y el gobierno de su partido para limpiar su imagen del fraude a costa del caso Áñez?
Ellos descansan tranquilos en la confianza de que, al menos mientras dure el gobierno del MAS, estarán seguros. Y si su seguridad depende de la permanencia del MAS en el poder, sus futuras actuaciones se enmarcarán en la misma lógica; de otra manera, con un cambio de administración política se expondrían a juicios por prevaricato y a una cárcel segura.
Es que lo ocurrido con Áñez no es solo una grosería extrema en cuanto a pérdida de independencia, ilegalidad y vergüenza para la justicia boliviana, es también el pico histórico más elevado que quedará registrado en la historia nacional cuando se tengan que comparar los fallos más insólitos conocidos en el país.
Se dirá que en realidad son los políticos los que corrompen o extorsionan a los jueces para que dicten tal o cual fallo a la medida de sus intereses y, es verdad, así ocurre, pero eso no libera de responsabilidades a los juzgadores, que para eso hacen juramentos al momento de iniciar sus carreras profesionales.
Los operadores de justicia se han convertido en operadores del partido en función de gobierno y eso es lo que han empezado a advertir los organismos internacionales. Es también lo que nos pone en la picota del escarnio.
