EDITORIAL

Policías, ¿nuevas víctimas del narco en Bolivia?

La ejecución de dos oficiales de la Policía y de un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) ha vuelto a poner sobre el tapete de la discusión en Bolivia las actividades vinculadas con el narcotráfico.

Cuando en semanas pasadas se informó de la detección de laboratorios para la  fabricación de cocaína en el Chapare, incluso en parques nacionales, ahora llega esta infausta noticia, con la despiadada acción de supuestos narcotraficantes que han dejado en la orfandad a varios niños bolivianos.

Más allá de la confirmación o no de su participación en este caso, los tentáculos del narcotráfico se están extendiendo sin control en Bolivia. Son casi diarias las noticias relacionadas con este tema, unas por el hallazgo de paquetes (cada vez más grandes) de cocaína, otras por los crímenes o ajustes de cuentas.

Si se llegaran a confirmar las sospechas, esta vez, la mismísima Policía habría sido víctima de estos criminales sin escrúpulos. Lo sucedido en el Urubó de Santa Cruz está todavía en plena investigación y parece ser apenas la punta de un enredado ovillo.

Yendo un poco para atrás, sorprende lo que ha ocurrido hace unas semanas con miembros del pueblo ayoreo involucrados con el tráfico de estupefacientes. Ni el más creativo guionista de cine podría haber creado una trama como la que ocurrió en la zona de Cuatro Cañadas, al este de Santa Cruz. Miembros de la comunidad ayorea Suejai interceptaron una camioneta que iba cargada con cocaína, robaron la droga y la ofrecieron a un comercializador, según registran audios que ya están en poder de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Sin embargo, los efectivos antidroga no actuaron de inmediato y, entretanto, los narcotraficantes dueños de la mercancía volvieron y dispararon contra ayoreos para recuperar su botín. Uno de los indígenas recibió impactos de bala en su motocicleta, perdió el control, cayó y murió. Otros dos estaban desaparecidos y, cuando se los recuperó, tenían signos de tortura.

Nadie sabe cuánta droga había en la camioneta interceptada ni en otra cuyo conductor logró huir del ataque de los miembros de esa comunidad; se cree que los kilos se cuentan por cientos. Lo que sí se sabe es que ambos vehículos iban a una ‘narcopista’ ubicada en una propiedad privada, y que en sus alrededores había una especie de depósitos ocultos para guardar los estupefacientes.

Este caso, en la zona este del departamento cruceño, no es el único que involucra a comunidades. Desde hace años se conoce que en Potosí hay comunidades indígenas, tomadas por el contrabando y el tráfico de drogas, a donde no ingresa la Policía. Pasa también en la localidad de San Germán, en la carretera entre Santa Cruz y Chapare, y quién sabe en cuántas más del territorio nacional…

A todo esto se ha suma en su momento el involucramiento de jefes policiales antidrogas con el narcotráfico o la presencia de capos del Primer Comando de la Capital (una de las mafias más grandes y peligrosas de Brasil) operando en Bolivia. Nada raro sería que este último tuviese algún vínculo con la triple ejecución del último martes.

Incluso se supo de narcos, capturados en otros países, que portaban documentos de identidad falsos en los que ostentaban nacionalidad boliviana. La penetración del narcotráfico en parques y áreas protegidas del país es otro hecho informado por el propio Gobierno.

¿Qué más tiene que pasar para que haya una reacción clara y contundente? El problema no es de ahora; no por nada están presos varios exjefes antidrogas del gobierno de Evo Morales, pero, queda la sensación de que todo esto no se está tomado con la seriedad que se merece, y no solamente por parte de la administración gubernamental: la sociedad entera debe tomar cartas en el asunto.


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