Estamos ya a mitad de año y algunas voces en el gobierno han comenzado a hablar de altos índices de crecimiento, sin presentar los resultados o las cifras que sustenten sus apreciaciones. Como fuere, cuando eso ocurre en Bolivia, ya no se considera buena noticia, por lo menos para el sector empresarial.
Desde hace casi nueve años, cuando se promulgó el Decreto Supremo 1802, cada vez que el Gobierno habla de crecimiento económico, o de buenos resultados en la economía, los empresarios tiemblan porque significa que se deberá pagar el doble aguinaldo, denominado “esfuerzo por Bolivia”.
Se trata de una medida que no ha podido justificarse hasta ahora, cuando falta poco para que cumpla su noveno aniversario y, después, complete una década en la que los resultados son poco menos que desastrosos. Como se sabe, aguinaldo es un sueldo 13 que se paga a los asalariados, sin importar si la empresa tuvo utilidades o no. A partir de ahí, ya es una medida perjudicial. La existencia de un segundo aguinaldo duplica el perjuicio.
Si Bolivia no afronta los efectos de la crisis económica, agravada por la pandemia, es porque el actual presidente del Estado fue el ministro de Economía en el dilatado gobierno de Evo Morales y, desde allí, desplegó un criterio predominantemente técnico, sin adoptar medidas facilonas de directo impacto popular y resistir presiones de índole político-sectarias.
Sin embargo, hay dos medidas que rompen esa lógica porque afectan la estabilidad de uno de los factores esenciales de la vida económica de las naciones: el sector empresarial formal, que en los últimos años ha sido objeto de intensas presiones que están poniendo en riesgo su existencia. Estas dos medidas son el doble aguinaldo y la rigidez tributaria.
En el primer caso, desde un enfoque de justicia distributiva, el pago del doble aguinaldo a fin de año, cuando la economía haya crecido en por lo menos un 4,5 por ciento, puede responder a un concepto de equidad, pero, como han advertido los especialistas, hay por lo menos dos variables que perforan ese objetivo. Uno, que el porcentaje de crecimiento es un promedio nacional y es fácilmente comprobable que cada región y cada sector de la economía muestran diferentes tasas. Por tanto, la incidencia de este beneficio es distinta según la empresa que se trate.
Sin embargo, esos argumentos técnicos no han sido escuchados y, por el contrario, el actual Ministro de Economía ya ha dicho, y ni siquiera recientemente sino en marzo, que “existen buenas posibilidades de que se pague el doble aguinaldo”. ¡Tremenda advertencia en un momento en el que las empresas apenas han comenzado a recuperarse!
A ello se suma el factor de la pandemia, que ha ocasionado estragos económicos en todo el mundo. El confinamiento obligó a paralizar labores, pero se siguió pagando sueldos, así que muchas empresas no pudieron soportar tanta presión, y diferencia entre ingresos y egresos, y terminaron cerrando, o bien pasaron al sector informal.
Entonces, por un lado, crece la economía informal del país, lo que reduce los ingresos del erario nacional y, por el otro, se elimina fuentes de trabajo cuando, las existentes no absorben la demanda causada por el crecimiento de la población.
Así, decisiones que pueden responder a una lógica económica bienintencionada, terminan afectando el factor que probablemente es el más importante en una sociedad: el trabajo estable y digno.
Bien harían, pues, las autoridades en seguir esforzándose para mantener la estabilidad económica y promover el crecimiento del empleo, lo que exige no subordinarse a la demanda sectaria circunstancial o a medidas populistas que en casi diez años no han sido técnicamente justificadas.
