El Ministro de Gobierno está recorriendo el país con actos públicos que se realizan en escenarios capaces de albergar a miles de personas y en los que convoca a los estudiantes a aplicar criterios de seguridad ciudadana. La intención es, por una parte, que protejan sus vidas —las que suelen ponerse en riesgo, sobre todo, cuando salen por las noches— y, por otra, que entiendan que es necesario erradicar la violencia, tanto en los hogares como en las escuelas y colegios.

Se trata, indudablemente, de un despliegue de buenas intenciones. Por ahora (claro que es todavía pronto para exigir, de manera contundente, resultados en un asunto de largo plazo) no tenemos el efecto esperado.

En Potosí, donde se congregó a los estudiantes nada menos que en el estadio “Víctor Agustín Ugarte”, cuyas graderías estuvieron colmadas, se recordó a los alumnos allí presentes que es preciso erradicar la violencia. (Irónicamente, mientras las autoridades emitían sus mensajes, se entonaban cantos misóginos en contra de estudiantes de un liceo, que desfilaban en ese momento por el campo deportivo).

No fue lo único que pasó ese día. A la salida del evento, un numeroso grupo de alumnos del mismo colegio se apostó en una plaza próxima al estadio y, cuando llegaron estudiantes a quienes consideran sus rivales, los hostigaron e incluso golpearon, aprovechándose de su superioridad numérica. Queda claro, entonces, que el mensaje de erradicación de la violencia no caló hondo, por lo menos, en Potosí.

Con esos malos resultados, quizás sea mejor retomar la iniciativa de una reforma estructural de la Policía Boliviana, principal responsable de velar por la seguridad ciudadana. Hay que admitir que, mientras esta entidad siga sufriendo los embates de la corrupción, el sectarismo y el corporativismo, no será posible cumplir esa tarea.

Esta reforma pasa por el cambio de sus mecanismos de selección de efectivos, formación y ascensos; la incorporación de expeditos sistemas de control y sanciones; una despolitización radical y una eficiencia operativa. Asimismo, por dotarle de los recursos económicos y técnicos suficientes, siempre y cuando previamente se regularicen y hagan transparentes sus sistemas de recaudación, actualmente manejados con total arbitrariedad.

Estamos hablando de seguridad ciudadana, que, como su nombre lo indica, involucra a la ciudadanía. En este sentido, y pese a algunas oposiciones interesadas, es ineludible encarar con responsabilidad un proceso de desconcentración y descentralización de los diferentes servicios policiales, manteniendo un cuerpo restringido con jurisdicción nacional. Mientras el ciudadano no sienta que la Policía es fundamental para mantener su seguridad y no ejerza un eficiente control de esta labor, poco se podrá avanzar.

Este proceso es más importante aún en circunstancias en las que los servicios de seguridad se van privatizando aceleradamente, situación que, más allá del beneficio en lo inmediato, implica un problema de proporciones en el mediano y largo plazos, porque se impulsa un proceso de “paramilitarización” que puede escapar del control de las autoridades. Hay experiencias en diferentes naciones que hacen temer por ese peligro y que aún estamos a tiempo de evitar. Esto, si finalmente hay una voluntad política explícita —no solo retórica— de mantener el orden democrático y garantizar desde el Estado la seguridad de la población.

Para la solución de nuestros problemas de seguridad ciudadana, entre los que se cuenta a la violencia, no están mal las campañas, con las que se espera tener resultados a un largo plazo. Los estadios llenos de estudiantes son un buen marco para que un político se gane aplausos y, ante todo, visibilidad; pero ojalá que, al menos, sirvan para el objetivo mayor de generar conciencia en los futuros adultos.

Es necesario tomar conciencia de que estamos hablando de un conflicto estructural y de que su solución, por lo tanto, debe ser también estructural. (R)