Claro que los censos son útiles puesto que, desde antiguo, constituyen la manera más eficaz de saber no solo cuántos habitantes tiene un determinado territorio sino, fundamentalmente, conocer directamente las necesidades de esas personas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) dice que “un censo se define como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar, el padrón o lista de la población de una nación o pueblo en un momento determinado, la información demográfica social y económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar”. Para que todos tengamos claro cuáles son sus fines y objetivos, agrega que “un censo permite ajustar y/o definir, implementar y evaluar planes, programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano sostenible, económico y social en el ámbito nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario”. Si nos fijamos, en ninguna parte señala que se debe utilizar sus resultados para la distribución de recursos económicos.
El problema que ahora afronta el país es que la mayoría de sus autoridades no ven al Censo como la herramienta idónea para trazar planes de desarrollo, o la que indica cuáles son las necesidades básicas que es necesario priorizar, sino simple y llanamente como la medida que permite redistribuir los recursos, particularmente los emergentes de la coparticipación tributaria y los del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Se ha superpuesto, entonces, la lógica numérica: a mayor población, mayores recursos.
Donde más impera esta lógica es en los municipios de las áreas dispersas, en las provincias. Tanto los alcaldes como las autoridades originarias tienen grabada en la cabeza la consigna de que recibirán más dinero si es que registran más población, por lo que recurren a medidas coercitivas para que las personas que nacieron en el lugar se censen allí, con prescindencia de cuál sea su residencia habitual.
La mayoría de los habitantes de las comunidades dispersas ha migrado a las ciudades grandes, pero mantiene vínculos con su lugar de origen. Uno de ellos es la tierra, recibida mediante sucesión hereditaria y en los márgenes establecidos por la legislación agraria. La tierra necesita agua y esta se convierte en instrumento de vulneración a la Ley cuando las autoridades originarias amenazan con cortar o privar de ese líquido a los migrantes que no retornen a sus comunidades el día del Censo, para ser registrados allí. Hay casos extremos en los que se les advierte que se les quitarán sus tierras o se las incendiarán. Esa actitud es una violación al precepto constitucional establecido en el parágrafo IV del artículo 14 de la Carta Magna: “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”.
Por tanto, en esos lugares, el Censo deja de ser una herramienta de planificación del desarrollo para convertirse en un instrumento del delito. Este y otros aspectos de fondo, como la falta de actualización cartográfica y la irresolución de los conflictos de límites, no forman parte del análisis de las autoridades –principalmente de Santa Cruz, aunque también se han manifestado en ese sentido otras de La Paz y Cochabamba– que se oponen a la postergación del Censo para 2024.
El departamento oriental es el que mayor flujo migratorio ha recibido y, consiguientemente, el que más ha crecido en cuanto a población. A tono con las autoridades originarias de la zona andina, las de Santa Cruz aplican la lógica numérica porque saben que, con los resultados del Censo, recibirán más recursos y, además, seguirán aumentando su representación parlamentaria, en detrimento de las regiones expulsoras de población.
Por lo demás, las críticas a la postergación de esta importante encuesta nacional apuntan a la cuestión política: hacerlo en un año electoral despierta de antemano las sospechas de cualquier tipo de manipulación. Resulta coherente la decisión, pero no la definición de que sea en 2024. Como varios líderes políticos y también analistas de diferentes regiones lo han hecho notar, bien podría elegirse otro año para no generar esta clase de susceptibilidades.
