Frente a juzgados en los cuales fiscales o jueces determinan acusaciones o dictan sentencias contra supuestos “golpistas” de la revuelta ciudadana del 2019 se escuchan reiteradamente estribillos del tipo ¡esto no es venganza! ¡esto es justicia! Sin embargo, ello no es sino un ejemplo actual de la inversión orwelliana (“1984”) de llamar a una cosa por su opuesto (como “Ministerio del Amor” a la casa de salas de tortura), o sustituir la realidad por la mentira (mediante su manipulación o el “doblepensar”). Justamente de lo que se trata hoy en nuestro país es de una venganza judicializada o ajusticiamiento político de algunos que se pretenden víctimas del traumático cambio de gobierno que se dio en noviembre de ese año; en los hechos, una sucesión constitucional fruto de negociaciones políticas mediadas por la Iglesia y organizaciones internacionales y no un “golpe de Estado” militar o de la “derecha fascista”, como pretende el relato oficialista.
Como afirmó Toribia Lero, diputada indígena por CC, respecto a la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Añez, “en Bolivia no hay independencia judicial, hay persecución política, el juicio contra la ex presidenta Añez no es para hacer justicia por las víctimas de Sacaba y Senkata, es para imponer el falso argumento de golpe de Estado que victimiza a Evo Morales” (Erbol, 22-06-22).
En una entrevista reciente, la diputada Lero confirmó la existencia de una estrategia victimista que instrumentaliza a los muertos –“no hay que ser ‘alma cosecha’” dijo, siguiendo los usos lingüísticos de su pueblo indígena– y se ha vuelto recurrente por parte del gobierno del MAS y algunos “movimientos sociales”. Se puede advertir que esta estrategia de “cosechar muertos” fue configurándose desde inicios del siglo XXI entre las corrientes indianistas del movimiento campesino katarista hasta que, en la siguiente década, el MASismo terminó por incorporarla decididamente en el arsenal de instrumentos ideológicos de sus estrategias de dominación política.
En los primeros años del gobierno del MAS, la estrategia victimista de Evo Morales apareció solapadamente en las denuncias de magnicidio con las que el gobierno del “proceso de cambio” intentó desarticular a la oposición política de la llamada “media luna”. Como queriendo desmentir anticipadamente el dicho popular “se hace la víctima” (en alusión a las reiteradas denuncias de Evo de que sus enemigos querían matarlo), el gobierno armó una operación antiterrorista para desarticular a un supuesto grupo irregular que habría planeado asesinar al expresidente Morales en 2009. En los hechos, los muertos fueron tres supuestos terroristas extranjeros que planeaban el magnicidio como parte de una estrategia separatista de la oposición política cruceña, y que fueron ejecutados extrajudicialmente
A continuación, las denuncias de magnicidio se metamorfosearon de a poco en las acusaciones de “golpismo” que lanzaba Evo Morales, no únicamente contra sus opositores de la media luna sino contra sus propios aliados indígenas de tierras bajas quienes, según el exvicepresidente García Linera, estaban siendo alentados por “sectores oligárquicos y ONGs imperialistas” a oponerse a los proyectos de mega obras del gobierno en la Amazonía boliviana. Estos pueblos indígenas, supuestamente manipulados por la “derecha imperialista”, fueron acusados de atentar contra la estabilidad política del gobierno del MAS, al haber organizado una 8va Marcha Indígena demandando que se descarte el proyecto de construcción de una autopista a través del TIPNIS que ya había sido contratada y contaba con financiamiento del Brasil aprobado por el gabinete de ministros, entre otros, el ministro de economía Luis Arce. Exigían asimismo que se declare la intangibilidad del parque nacional y territorio indígena, además de reivindicar la consulta previa e informada a las comunidades indígenas antes de implementar cualquier otro proyecto de envergadura que el gobierno o el sector privado pretendiesen llevar adelante.
En esa coyuntura del 2011, apareció nuevamente el victimismo de Evo Morales cuando, al verse derrotado por la marcha indígena que obligo a su gobierno a promulgar la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS, pasó a considerarse víctima de un supuesto golpismo de… ¡los indígenas de tierras bajas! Aunque parezca inverosímil, Morales señaló como evidencia de ello algunos estribillos de los marchistas –que aludían al ahorcamiento del presidente Gualberto Villarroel en 1946– al momento de dar su vuelta triunfal alrededor de la plaza Murillo luego de su apoteósica llegada a La Paz, después que no pudieron frenarlos con la brutal aunque fallida intervención policial en Chaparina.
También el excanciller David Choquehuanca estuvo involucrado en estas tácticas y estrategias de autovictimización del gobierno del MAS. Choquehuanca se hizo presente en Chaparina para una pretendida mediación entre marchistas e “interculturales”, aunque con el propósito evidente de contener la marcha indígena. No consiguió el objetivo, pero sí aprovechó los forcejeos a que fue sometido (por una agente policial infiltrada en la marcha indígena) para declararse víctima de un supuesto “secuestro” de los marchistas que lo obligaron a marchar con las mujeres indígenas.
Volviendo al presente y reiterando las aseveraciones de la diputada Toribia Lero, “el gobierno del MAS distorsiona los informes del GIEI y el Relator Especial de NNUU… en beneficio del expresidente Evo Morales para convertirlo en la primera víctima de los hechos de 2019 y así lavarle la cara… lo conminamos a que se reencauce la justicia por el bien de todas las víctimas y todo el pueblo boliviano”.
