Una de las características más notables de la Bolivia actual es que gran parte de la atención se concentra en la actividad política. Las discrepancias entre oficialistas y opositores, los siempre activos movimientos sociales, y un sin fin de formas como a diario se manifiestan las pugnas por el poder y por obtener beneficios del Estado, acaparan el interés colectivo y eso ocasiona que muchos otros problemas, tanto o más importantes, pasen poco menos que desapercibidos.
Uno de ellos es la ola de violencia que cada día que pasa crece y adquiere formas que, por lo espantosas que son, tendrían que activar todos los recursos defensivos de la sociedad. Pero, lejos de ello, por su frecuencia, se están volviendo parte de la cotidianidad. Se diría que nos estamos acostumbrando a convivir con las peores maneras de la brutalidad, y eso es algo ante lo que no cabe ninguna excusa.
Desde la violencia doméstica, cuya peor manifestación son los cientos de casos de violaciones de que son víctimas niños, niñas e incluso, con no poca frecuencia, bebés, hasta “ajusticiamientos” precedidos por torturas cuya crueldad tendría que estremecer hasta a los más insensibles espíritus, a diario se conocen informaciones que dan cuenta de los extremos de degradación humana a los que estamos llegando.
Lo peor de todo es que buena parte de esas aberraciones se cometen en nombre de la justicia, de ancestrales “usos y costumbres” y otros argumentos que contribuyen a darles un aspecto de legitimidad. Los linchamientos cometidos en nombre de una muy mal entendida “justicia comunitaria” son, apenas, un ejemplo. La cantidad de personas que durante los últimos tiempos han sido quemadas o enterradas vivas, ahorcadas, flageladas y sometidas a diversas torturas, hasta morir, da cuenta de la magnitud que está adquiriendo el mal.
La aparición en el escenario delictivo de sicarios que ofrecen sus servicios para asesinar por encargo, lo que implica la existencia de quienes están dispuestos a contratarlos, es otra muestra del debilitamiento de los límites que en una sociedad sana hacen posible la convivencia civilizada.
El asesinato de personas acusadas de la comisión de delitos, a nombre de la llamada “justicia comunitaria”, va camino a convertirse en parte de la vida diaria porque ocurre con cada vez mayor frecuencia debido a que ese crimen —porque es tal— no ha sido castigado hasta ahora con la publicidad que ameritaba.
Y como si las muchas formas de violencia en la vida cotidiana de nuestra sociedad no fueran suficiente motivos de alarma, abundan las razones para temer que tras ellas están cada vez más presentes otras actividades delictivas, como el narcotráfico, y las pugnas de intereses entre grupos, familias y hasta comunidades campesinas rivales.
Todo esto indica que ya no estamos ante un conjunto de casos aislados, sino de un fenómeno social y cultural que solo puede ser afrontado exitosamente mediante una reacción colectiva proporcional al peligro que representa.
Es preciso que la sociedad, pero sobre todo el Gobierno, dé señales claras de que el Estado de Derecho continúa vigente. Y se debe mostrar a la sociedad que el sistema que tenemos funciona, que los delitos son castigados.
Pero la sanción no debe ser política, como ha venido ocurriendo en los últimos años, sino netamente jurídica porque, de lo contrario, el mensaje para los potenciales criminales sería equivocado. De lo que se trata es de dejar en claro que las acciones contra la sociedad no deben cometerse porque serán castigadas, y eso no tiene que mezclarse con las acciones en contra de un partido político en particular.
