No hace falta decir que la sentencia pronunciada el viernes recién pasado en contra de oficiales de la Policía, en cuyas espaldas se pone toda la responsabilidad por la brutal represión de Chaparina, es injusta e ilegal por la sencilla razón de que el proceso no incluyó a los responsables intelectuales y, por tanto, la sanción tampoco les alcanza.
No es una sorpresa: la venalidad de la justicia boliviana, vergonzosamente sometida al poder político, hacía prever un desenlace. Que no se impute a quienes, en última instancia, tenían la potestad de emitir órdenes para los mandos militares es la señal más clara de que ya se había identificado a las cabezas de turco que, finalmente, están siendo cortadas.
Chaparina no solo es un asunto pendiente de la justicia, que no se cierra con la sentencia sino, especialmente, uno de los puntos rojos del dilatado gobierno de Evo Morales, por cuanto los hechos ocurrieron cuando él ejercía la presidencia del Estado.
No hubo muertos, pero la represión a la octava marcha indígena fue tan feroz que se convirtió en un símbolo de violación de los derechos humanos más elementales. Las causas, detalles y consecuencias están en el Informe Defensorial presentado en noviembre de 2011, cuando la Defensoría del Pueblo era tal y no estaba supeditada a los dictados del Órgano Ejecutivo.
Ese documento señala que la octava marcha fue una protesta de los indígenas de tierras bajas en contra de la construcción del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que, a lo largo de sus 306 kilómetros, pasaría por el corazón mismo del Territorio Indígena Parque Natural Isiboro Secure (Tipnis) provocando la “desaparición de especies, reducción de caudales, daño a los sistemas de pesca (y) la afectación de los procesos de movimiento itinerante”.
Debido al impacto que el proyecto vial iba a causar en el medioambiente, no debía elaborarse sin la consulta previa a los indígenas que viven en el área afectada. Pero ese requisito constitucional no se tomó en cuenta.
Los indígenas tenían razones para marchar y el gobierno de Morales las ignoró. Se vio, entonces, que el indigenismo que pregonaba el entonces presidente era discriminatorio, válido solo para los sectores que le apoyaban, pero nulo para los demás. Quedó claro, incluso, que Morales tiene preferencia por los indígenas del área andina. La cantidad de pueblos originarios afectados por el conflicto es impresionante: mojeños trinitarios, mojeños ignacianos, yuracares, chimanes, itonamas, movimas, canichanas, sirionos, moré, maropas, tacanas, cavineños, chacobos, ayoreos, guaranies, chiquitanos, araonas, machineris y yuquis. Hablamos de naciones originarias a las que Morales no atendió porque protestaban en contra de su gobierno.
El informe defensorial estableció responsabilidades en el entonces ministro de gobierno, Sacha Llorenti, pues hasta el entonces comandante general de la Policía Boliviana, Oscar Muñoz, declaró que había sido él quien dio la orden de reprimir la marcha. Eso le costó ser imputado y, ahora, sentenciado.
Este fallo es un calco de lo que pasó después de las masacres de Amayapampa y Capacirca, en diciembre de 1996, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En este caso, la sentencia también dejó a salvo al entonces presidente, a ministros, al prefecto de Potosí y a quienes estuvieron directamente involucrados, porque dieron las órdenes de proceder. Se imputó, procesó y sentenció a mandos medios o subalternos. Al final, Evo y Goni utilizaron los mismos métodos.
