El 6 de Agosto de 1825, los diputados de los cinco partidos o intendencias de Charcas declararon su independencia “de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo”. Se suponía que, a partir de entonces, se viviría en libertad, pero eso no sucedió.
De inicio, las libertades ciudadanas estaban restringidas a la visión conservadora de aquellos tiempos y hasta el propio Sucre se encargó de controlar a la prensa. La primera Ley de Imprenta se promulgó el 7 de diciembre de 1826 y su propósito, expresamente declarado en su texto, era evitar los abusos de la libertad de prensa. Tan draconiana era esa primera ley que fijaba sanciones que iban “de seis meses a un año de destierro fuera del territorio de la República” y, además, quienes abusaran de la libertad de imprenta “perderán para siempre sus destinos, si fuesen empleados”.
Con semejante antecedente, no es de extrañar que la mayoría de los presidentes de Bolivia haya intentado sojuzgar a la prensa. Después de todo, solo personas externas a las esferas de poder, y con suficiente libertad de acción, pueden supervisar a los gobiernos y denunciar sus excesos, cuando no la comisión de delitos.
A lo largo de la historia de Bolivia, el periodismo jugó un papel importante en la tranquilidad de los gobiernos. Hubo escritores, como Lucas Jaimes, que alquilaron su pluma y vivieron de los pagos de los poderosos, pero otros fueron críticos y pagaron su atrevimiento con su vida. Una de las víctimas más famosas, ya en el periodo contemporáneo, fue el padre Luis Espinal.
Desde 1925, los gobiernos intentaron aprobar leyes que controlen a la prensa, sin conseguirlo. El gobierno de Evo Morales promulgó una serie de restricciones que dispersó en varias leyes y, actualmente, la libertad de información está notoriamente restringida. Ya no se puede acceder a los registros públicos, como el padrón electoral o el Servicio del Registro Cívico, porque estos han sido sellados con siete o 14 candados. Es curioso que la protección a los datos haya recaído precisamente a los vinculados con la cantidad de electores.
No hay libertad porque la publicidad estatal se reparte, como disimulado soborno, a los medios de comunicación del gobierno o afines a él. Se repite la historia de los Lucas Jaimes que recibían pagos por cantos laudatorios. La prensa no alineada, en cambio, no recibe más que desprecio y, ahora, ataques de grupos que parecen haberse articulado para ese fin.
Bolivia se apresta a celebrar los 197 años de su declaratoria de independencia, pero el mundo debe saber que lo hace con libertades disminuidas, con ciudadanos que pueden estar años en las cárceles, con el pretexto de detenciones preventivas, y con una prensa cada vez más acorralada, con miedo a seguir diciendo las cosas con la libertad del pasado.
* Es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
