El Comité Cívico pro Santa Cruz cumplió con su advertencia de ir a un paro de 48 horas. Exige que el Censo Nacional de Población y Vivienda postergado sea en 2023. Antes había tenido un paro de 24 horas y ni entonces ni ahora hubo acercamiento alguno con el Gobierno nacional, que promulgó el decreto de aplazamiento de la encuesta censal. Siguiendo la misma lógica de las presiones, ¿qué viene?, ¿un paro de 72 horas? Y después, ¿uno indefinido? ¿Es racional esa posición? Para responder, primero repasemos las razones por las que el Censo es importante:
La decisión de realizar el Censo en 2022 parecía técnica, si se toma en cuenta que es recomendable hacer un recuento poblacional cada diez años y el último fue el de 2012.
La ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda es fundamental pero, como ya dijimos en este mismo espacio, la credibilidad sobre sus resultados se basa en gran medida por la forma en que se lleve a cabo.
La situación económica de muchas familias cambió. El mercado laboral, la salud y la educación han experimentado alteraciones profundas. Es necesario comprender la influencia de la pandemia en nuestras vidas y el Censo será el instrumento propicio para indagar sobre estas cuestiones y saber su verdadero impacto. Los bolivianos debemos participar activamente y contribuir a su realización.
La información que produzca el Censo permitirá definir aspectos inherentes a la planificación y la distribución de recursos, que deriven de los resultados obtenidos. Para llegar a buen fin, se contempla una etapa de preparación, que resultó muy corta este año. Era necesario incluir en el proceso a las autoridades locales y departamentales y terminar un proceso muy importante, la cartografía. También era inexcusable resolver los problemas de límites, algo que no hicieron ni el Instituto Geográfico Militar (IGM) ni el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En esas condiciones, llevar adelante el Censo este año ya no resultaba una decisión técnica y, por el contrario, se corría el riesgo de profundizar los problemas sin resolver. A partir de ahí, postergarlo hasta 2024 fue una buena medida.
Ahora bien, Santa Cruz quiere que el Censo sea el próximo año y ni siquiera en el segundo semestre, sino en el primero. Busca acortar tiempos para plantear lo que le interesa como el departamento que más migración recibió: redistribuir los recursos económicos y los escaños parlamentarios. Sabe que los resultados le favorecerán, pues tendrá más recursos y diputados. Por tanto, su posición no es nacional, sino regional.
Estamos ya en el octavo mes del año y el tiempo entre lo que queda de este año y el primer semestre de 2023 es muy corto, insuficiente para resolver los asuntos pendientes. Por tanto, frente a la posición regionalista de Santa Cruz y la de la postergación del Censo para 2024, urge tomar una decisión equilibrada, una que no considere la postura de una región o dos, ni tampoco la de un gobierno, sino la de la mayoría del país. La nueva fecha debe ser una decisión, eminentemente, nacional.
Con seguridad que surgirán problemas en el camino, lo importante es que avancemos y que lo hagamos en el marco de la transparencia. La información en los censos anteriores permitió tomar decisiones que influyen en la vida cotidiana de los bolivianos. La asignación de recursos de coparticipación o las políticas públicas derivadas de la planificación son centrales. Las inversiones deben responder a criterios técnicos y, en ese sentido, el Censo es una herramienta clave.
El Gobierno tiene la obligación de generar consensos porque la importancia del Censo está por encima de los intereses de cualquier índole. Eso no quita que cada región tenga una postura y busque defenderla. En lo que toca a Chuquisaca y Potosí, dos regiones del sur, ¿tenemos clara –y unificada– las posturas departamentales en este conflicto?
