La política gozaría de mayor credibilidad si, en lugar de estar orientada a la toma del poder para fines mezquinos, impulsara una mayor felicidad humana.
Un propósito de esta naturaleza es consustancial con un desarrollo tendiente a lograr no solo crecimiento, sino “calidad de vida” para los ciudadanos, más aún en centros urbanos como Sucre, donde la población ha registrado un crecimiento veloz que ha ido en paralelo con el deterioro drástico de los servicios y la destrucción del ambiente natural.
Estos problemas tienen como causa varios factores, entre ellos los presupuestos públicos escasos y su despilfarro en pequeñas obras insustanciales; sin embargo, la piedra angular de estas limitaciones radica en una institucionalidad anacrónica que no emite señales favorables para fomentar “conductas sociales” tendientes a la creación de riqueza y a la “innovación tecnológica” extendida; es decir , en todas las esferas.
En este marco institucional conservador, están presentes las prácticas mercantilistas: el corporativismo, la orientación a la empleomanía, la perspectiva ensimismada “localista” que solo han servido para producir riqueza en determinados sectores o “polos de crecimiento” en medio de una sociedad improductiva, cuyas actividades principales resultan la burocracia y, más recientemente, la economía informal.
Las visiones: nacionalistas-estatizantes, a su vez, inflamaron estas prácticas, exaltando traumas históricos “victimistas” provenientes de la desazón que produjo a la sociedad colonial el esplendor y la caída brusca de la riqueza minera potosina. A ello se añaden intereses conflictivos al interior de una sociedad hispanoamericana abigarrada y tradicionalista que dejaron una herencia en los sustratos más profundos de la conciencia colectiva enraizando actitudes sociales distorsionantes sobre la creación y el uso de la riqueza.
Una de ellas es la devoción popular por el Estado protector, al que se le entregan los recursos para que los preserve de codicia privada, peor si es extranjera. De ahí que este ente, sin contar con las capacidades que surgen de la experiencia empresarial, se convierte en el centro de un poder absoluto y de energía social por donde pasan todas las decisiones importantes de inversión, sin sustentarse en el “cálculo económico”.
De este modo, los recursos se despilfarran y la competencia en el terreno de la productividad económica se traslada al campo de lo político, pues se lo usa, sin ninguna responsabilidad, para atender las demandas de su clientela a cambio de votos.
En esta constelación rentista se insuflan, también, las actitudes defensivas de sindicatos, gremios y logias que se oponen a cualquier propuesta innovadora que amenace el “statu quo”.
Por eso, no es solo urgente, sino indispensable, revitalizar la capacidad emprendedora latente en la sociedad aplicando el principio de subsidiariedad mediante las licitaciones y regímenes de concesiones en la construcción de obras, y la atención de servicios públicos.
Así, también, reforzar su capacidad planificación estratégica estableciendo círculos técnicos entre el sector público, las universidades y los empresarios. Y en el caso de la educación, superar su estancamiento y el del desarrollo científico a través del impulso a la libertad de cátedra, de currícula y los concursos de méritos.
Por último, contribuir a promover los cambios en el sistema de justicia para agilizar los niveles intermedios destinados la mediación en los conflictos de manera ágil y eficaz.
