Se conoció que 61 jerarcas sindicales de la empresa estatal YPFB ganan sueldos mensuales que oscilan entre 40.000 y 10.000 bolivianos al mes. Son trabajadores declarados en comisión. Este es un mecanismo a través del cual el Estado subsidia o beca a militantes o simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que ejerzan labores sindicales y políticas financiados con los impuestos de todos. El tamaño del regalo es de Bs 1 millones al mes, o sea, Bs 13 millones al año. Esto equivale a 5.778 salarios mínimos.
Este es un ejemplo de libro texto que se conoce como capitalismo estatal de amiguetes. Hoy por ti (Un sueldazo), mañana por mí (lealtad y sumisión del sindicato al Estado). Esta es una práctica que en la literatura económica se conoce como “rent seeking”. En el lenguaje popular, la gente lo conoce como Estado piñata. En este caso: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) piñata.
Los estados, o en este caso empresas, piñata surgen en sociedades y sistemas políticos donde se establece una dinámica perversa entre los funcionarios estatales, los partidos políticos y las élites privadas. La moneda de intercambio en la gestión empresarial son los favores políticos. Todos sobreviven gracias a la utilización indiscriminada de los recursos del sector público. El modus operandi es la captura rentas de una empresa por parte de actores privados, con el favor del poder político. Estas acciones muchas veces tienen un ropaje legal. Este sistema puede tomar la forma de subsidios, préstamos por debajo de la mesa, empleos a familiares o correligionarios, contrataciones amañadas, declaraciones en comisión a sindicalistas, evasión de impuestos y otros regalitos, que grupos privilegiados reciben, porque se apropian de la piñata y el palo que la golpea. La apropiación de rentas públicas (rent seeking), que es una manera elegante de llamar al Estado piñata en los medios académicos.
Considerando este marco conceptual, YPFB no fue nacionalizada sino corporativizada. Es decir, tomada por grupos privados organizados en sindicatos bajo el amparo del partido político de turno, en este caso el MAS. A rigor, esta forma de gestión es la vuelta a la privatización. Sectores privilegiados privados organizados en sindicatos y grupos políticos capturan la empresa y la usan de acuerdo a sus intereses particulares. De esta manera, se desvirtúa el gobierno corporativo de la empresa estatal y se crea un sistema de privilegios. Los verdaderos dueños de la empresa, todos los bolivianos, pasan a un segundo plano, y una gerencia, sumisa al poder político, naufraga y contribuye al estrangulamiento de la gallina de los huevos de oro, YPFB.
El resultado: El gas se hace gas. En el 2006, la empresa estatal recibe un sector con reservas de gas natural, precios fabuloso del hidrocarburos, una estructura impositiva muy favorable (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), total control empresarial y mercados externos consolidados. Condiciones ideales para crecer como empresa y como sector.
Sin embargo en 15 años, Bolivia de potencia gasífera en la región, se convierte en un actor secundario y comienza a importar petróleo. Por supuesto, no es un problema solamente de la gestión empresarial y sino de la fallas en la política hidrocarburífera.
Los datos son contundentes. En el 2014, se producían 60 millones de metros cúbicos por día (MMCD). Ahora, la producción se contrajo en un 33% y esta en torno de 40 millones de MMCD. Hace siete años, Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares y se importaba 1.000 millones. En el año 2021, las ventas a Brasil y Argentina bajaron a 2.269 millones de dólares. Las compras de gasolina y diésel subieron a 2.250 millones de dólares. En el año 2014, los ingresos totales de Estado provenientes del sector gasífero llegaban a 5.200 millones de dólares, ahora, con suerte estarán en torno de 2.500 millones de dólares.
En suma, el agotamiento del sector gas natural no solo está asociado en haber convertido a YPFB en una piñata para políticos y sindicalistas, sino en no haber sido capaz de construir una empresa eficiente, con el mejor capital humano del país y sobre todo no haber diseñado un gobierno corporativo o gobierno interno de la empresa adecuado, que garantice que el patrimonio de todos los bolivianos, sea bien administrado. Es decir, una administración que establezca directores independientes, derechos de los accionistas (voz y voto), mecanismos transparentes de auditoria, comités independientes de control. En el caso de la empresa estatal era clave un gobierno corporativo que elimine la injerencia político partidaria.
