Debía estar vigente un máximo de 20 años, pero… ¡hoy cumple 37! Se trata del Decreto Supremo 21060, que el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro promulgó el 29 de agosto de 1985 con el principal propósito de frenar la hiperinflación. Esta había sumido al país en una de las peores crisis económicas de su historia.
Cuando lo promulgó, Paz Estenssoro dijo que se trataba de una política de shock, por sus efectos, y de emergencia que, por eso mismo, debía aplicarse, cuanto más, un par de décadas. Estamos en 2022 y, pese a los anuncios, y acciones, que en su momento hicieran Jaime Paz Zamora y Evo Morales, continúa vigente.
Derogado por partes desde el primer año de gobierno del MAS y símbolo del neoliberalismo tan repudiado cuando se trata de proclamar las virtudes de un socialismo difuso, el Decreto 21060 mantiene hoy una vigencia evidente en los resultados de estabilidad de las políticas económicas de todos los gobiernos que se sucedieron desde 1985. Y también en otros elementos cuyas consecuencias pueden ser menos positivas.
Hace 11 años, al conmemorar el Día del Trabajo en Oruro, Morales promulgaba un decreto para revertir las normas de “20 años de neoliberalismo” y que enunciaba “la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985”. Ese es el Decreto Supremo 0861 que, en su artículo 1, disponía “la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo N° 21060, de 29 de agosto de 1985, aún presente en leyes aprobadas por el antiguo Congreso neoliberal”. Pero esa eliminación iba a operar con las medidas dispuestas en el artículo siguiente, que nunca se hicieron efectivas.
Lo cierto es que los lineamientos principales del 21060 se mantienen intactos. Algo similar ocurre con otros pilares sobre los que se sostiene la economía nacional. Ejemplo de ello es la preocupación del actual gobierno por reducir el déficit fiscal y el mantenimiento de muchas de las cortapisas que heredó de sus antecesores para disponer de los excedentes provenientes de la renta hidrocarburífera. Es el caso de los diferentes bonos, cuya esencia se ha conservado desde hace más de 20 años.
En términos prácticos los bonos, así como los procedimientos establecidos para distribuir los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), son una especie de dique de contención a la libre disponibilidad de una parte sustancial de los recursos públicos. Eso explica en gran medida que Bolivia haya seguido un camino diferente al de Venezuela o de Argentina, por ejemplo.
Hay algunos elementos del espíritu de ese decreto. Algunos de ellos son: la liberalización del mercado, la desregularización de precios, la política de fomento a las exportaciones y la reducción del número de impuestos que antes de 1985 sumaban cerca de 300.
Pero existen otros rasgos del espíritu del Decreto 21060, cuya vigencia, 37 años después de su emisión, es menos alentadora en la perspectiva, a mediano y largo plazo, del futuro económico del país.
Uno de ellos es la continuidad e intensificación del modelo extractivista, especialmente en el sector minero, abierto a la inversión extranjera directa, la acumulación privada de capital, que es la antítesis del modelo que el MAS dice representar y la explotación de esos recursos incluso en el marco de la ilegalidad, como ocurre en el Cerro Rico, por encima de la cota 4.400. Ese es un ejemplo de la no intervención del Estado, al mejor estilo neoliberal, aunque, en este caso, por omisión.
Por tanto, el resistido 21060 —que es la base del modelo neoliberal— sigue gozando de buena salud.
