Hace varios meses que la única fuente de información sobre temas de crecimiento económico, gas natural, inversión y otros es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Presentan sus datos, generalmente en declaraciones públicas o entrevistas o en el sistema de propaganda política del oficialismo y no así, a través de los órganos públicos establecidos por Ley como Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Con raras excepciones, estamos frente a un proceso de desinstitucionalización de la información estadística. Los datos han dejado de ser un bien público para convertirse en insumos del marketing político. Por ejemplo, estamos entrando al noveno mes del año y todavía el INE no ha presentado los datos del producto interno bruto (PIB), ni siquiera los adelantos para el primer semestre del periodo como índice IGAE.
Asimismo datos de la situación de los ingresos fiscales, que debería estar en la página web del referido Ministerio, no existen. El Ministerio de Planificación también debería publicar información actualizada sobre la ejecución de la inversión pública, pero no hay nada. Entre tanto, no es sorpresa que cifras que sean favorables a la posición del gobierno salgan rápidamente, pero filtradas por los burócratas del MEF. Tal vez la excepción es el Banco Central de Bolivia que brinda información en su página web, pero también con mucho retraso.
No quisiera pensar, como decía el anterior jerarca de la nomenclatura del poder, que están seleccionando datos y cocinándolos, como se dice en la jerga de los economistas, a la manipulación de guarismos. El manoseo político grosero del Censo es una prueba del daño institucional, en curso, a nuestro sistema de información estadística.
La manera dispersa, atrasada y dosificada políticamente de presentar los datos genera incertidumbre, desconfianza y especulación. Urge recuperar la majestad, prontitud y transparencia de los datos estadísticos publicados por los órganos públicos facultados por Ley.
En esta neblina estadística, aparecen contradicciones. Por ejemplo, se anuncian cifras récords de exportaciones, lo cual sin duda es una buena noticia, sin embargo, se observa que las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia no aumenta o inclusive siguen disminuyendo. Era de esperar que una mayor entrada de dólares mejore nuestra posición internacional. ¿Por qué se está produciendo este fenómeno? Simple. La velocidad de gasto o inversión pública y las importaciones financiadas, en parte, por reservas internacionales es más alta que el dinero que entra por exportaciones.
Así mismo, primero se anunció, que en el 2022, tendríamos un déficit público de 8% del producto, pero en los primeros meses del año en curso se anuncia superávit fiscal, lo cual constituiría otra buena noticia, sin embargo esto es contradictorio con algunas señales que mandan políticas públicas en curso, como por ejemplo, un mayor endeudamiento externo. De hecho está en proceso de aprobación 400 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y también están en espera otros 1,200 millones de dólares de varios organismos internacionales. Asimismo, no condice con la idea de sanidad fiscal, el hecho que el gobierno saque el decreto supremo 4783, que establece que todas las utilidades de las empresas estatales pasen a manos del Tesoro General del Estado (TGE). La nueva legislación también establece que las multas en el sistema financiero pasen al Estado central.
También es sorprendente que en este contexto de bonanza fiscal, vehiculada por la propaganda oficialista, se anuncie normativa que permitirá la compra/venta del oro de las reservas internacionales. O Proyecto de Ley que autoriza al BCB un crédito de 3,000 millones de Bs al MEF. En pleno auge del nirvana económico se anuncia la venta de las joyas de la abuela y se pide más prestamos.
Finalmente, la pose de holgura fiscal no es consistente con la caída brusca que se ha producido en los ingresos provenientes del sector hidrocarburos. Recordemos que en el año 2014, el Estado, recibía 5,200 millones de dólares por la venta interna y externa de gas natural. En la actualidad ese valor se ha reducido algo como 2,600 millones de dólares al año. El hueco por cerrar es muy grande.
Además, es probable que el superávit público global anunciado al quinto mes de año se deba a la baja ejecución de la inversión pública (IP). De hecho, se tienen datos muy dispersos sobre el tema. En algún momento se dijo que, a junio del 2022, la inversión pública, por ejemplo, de las regiones no pasaría del 17 % y en tono acusatorio se decía que la inversión pública en Santa Cruz estaba en torno del 10 % a mitad de año. No sabemos cuáles son los niveles de ejecución de esta variable a nivel nacional. Recordemos que el año en curso se prometió una IP de 5,000 millones de dólares. En el 2021, oferto 4,000 y se ejecutó el 65%.
De cualquier manera, anunciar superávit fiscal por no haber ejecutado inversión es una trampita de estudiante de primeros años de economía.
La verdad de la milanesa es que, como mínimo, el Gobierno está bajo un fuerte estrés fiscal. El Gobierno tiene menos ingresos y mantiene la inversión y el gasto público elevados.
Urge encarar el déficit público corriente y de inversión por el lado de la racionalidad del gasto y la optimización de la inversión pública. Cortar propaganda y eliminar privilegios de sindicalistas en las empresas públicas, por ejemplo. También amerita una reforma tributaria para que los nuevos ricos de los últimos 15 años paguen más impuestos.
