La falta de pudor en el manejo de algunas instituciones públicas ha llegado al extremo de que hasta los beneficios, que fueron puestos en vigencia con el fin de apoyar a las madres gestantes, han dado lugar a malos manejos que, en los hechos, los convierten en acciones diferenciadas y hasta discriminadoras.
El caso más reciente, denunciado en julio, es el del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), donde se comprobó que se entregan productos del subsidio prenatal y de lactancia a precios superiores a los del mercado.
No solo eso, sino que también allí mismo las esposas de militares reciben el subsidio de lactancia en efectivo y no en productos como ocurre con el resto de las madres gestantes que reciben ese beneficio cada mes. La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Malisa Ávalos, admitió que las esposas de militares reciben el beneficio en dinero porque supuestamente “tienen una normativa distinta”, pero la propia autoridad no supo explicar por qué se da esa odiosa diferencia con respecto a otras madres gestantes que no tienen esposos militares.
Menos clara aun fue la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien negó que ese pago en efectivo sea una normativa de la actual gestión de Gobierno y dijo que habrá que analizarla. El trato especial fue criticado incluso por parlamentarios del propio Movimiento al Socialismo (MAS), como es el caso del senador Félix Ajpi, para quien no puede haber militar, policía ni civil, ni persona ni grupo privilegiado.
No puede haber, pero los hay. Y las pruebas y admisiones están ahí. Como también privilegiados son los esposos de las señoras, es decir, los militares que cuando se jubilan lo hacen con una renta equivalente al 100 por ciento de su salario. Nadie más en el país recibe el 100 por ciento del salario como pensión cuando llega el momento de la jubilación. Todos los demás mortales reciben apenas porcentajes, en algunos casos incluso por debajo del 30 por ciento.
Con respecto a los sobreprecios de los productos que conforman el subsidio prenatal, se pudo constatar que varios de esos insumos como miel de abeja, almendras, arroz, mantequilla vegetal, quinua y pañales se entregan a precios superiores a los que se encuentran en el mercado.
Con los Bs 2.000 asignados como valor del beneficio, las madres lactantes recogen menos productos que los que podrían comprar con ese monto en los mercados. Si bien no reciben ese valor en efectivo —privilegio reservado para esposas de militares—, se trata de todas formas de sobreprecios de los que alguien se beneficia.
En el Sedem niegan esas acusaciones, pero curiosamente dicen que contratarán a nuevos proveedores de los productos que conforman el subsidio prenatal y de lactancia. Ante las denuncias de irregularidades, en Santa Cruz, la Fiscalía realizó una inspección en una de las oficinas del Sedem, para comprobar la presunta adulteración en la cantidad de algunos productos entregados y el sobreprecio de otros.
Una madre joven se quejaba porque recibió una bolsa de pañales adulterada: en la etiqueta indicaba la cantidad de 50 pañales, pero, en los hechos, adentro solo habían 40. Otra madre hacía notar que les entregan una sola bolsa de azúcar y una botella de aceite, pero que, en el caso de la sal, que es de menor uso, les dan varias bolsas.
Lo dicho al comienzo de este editorial: allí donde se mira con atención se descubre una irregularidad, un acto de corrupción, la violación de una norma o cualquier otra sorpresa que deja muy mal paradas a las instituciones involucradas.
