Fn las últimas semanas, prácticamente no hubo un solo día en que no se haya conocido alguna declaración de dirigente, autoridad o parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS) haciendo cuestionamientos al interior de su partido.
La unidad del oficialismo se hizo añicos hace tiempo y, hoy por hoy, se identifican por lo menos tres facciones: la que encabeza el presidente Luis Arce, la que tiene al frente al jefe nacional del MAS, Evo Morales, y la que todavía sostiene al vicepresidente David Choquehuanca. Cada una con sus particularidades y con diferente peso político-social.
La perorata de que no existe división en el MAS y de que el partido en función de gobierno marcha sólido, en un solo sentido y bajo un liderazgo único, cayó en saco roto desde el momento en que el Órgano Legislativo, con mayoría masista, sentó en el banquillo de los acusados al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Y desde entonces que se desató la guerra intestina. El grupo liderado por Morales inició una feroz ofensiva contra el gabinete de Luis Arce, especialmente contra dos ministros: Del Castillo y el de Justicia, Iván Lima, a quienes persiguen implacablemente sin perdonarles ni un solo día.
No se trata simplemente de gente que va en direcciones distintas, sino de conspiraciones internas, intenciones no solo de hacer fracasar al Gobierno sino de reemplazarlo por otro. Lo curioso es que, si se diera el cambio, no sería por otro partido, ni por una corriente ideológica distinta, sino por alguien del propio MAS.
A esta altura de la referida guerra, queda bastante claro que algunos antiguos dirigentes y exautoridades del masismo no aceptan el hecho de haber sido reemplazados por una nueva camada de políticos, en lo que los politólogos denominan como renovación. Es natural, ocurre en todas las organizaciones, sin distinción.
Hace no mucho el presidente Arce denunció que “fuerzas antidemocráticas continúan con su labor para derrocar al Gobierno democráticamente elegido”. ¿Se refería a fuerzas opositoras u oficialistas? Si repasamos los acontecimientos de las últimas semanas, pues, cabe semejante duda.
Además, la oposición política en Bolivia se muestra tan escuálida que también corresponde dudar sobre la posibilidad cierta de un esfuerzo de ese sector por “derrocar” al gobierno de Arce.
Por lo demás, dada la condición y la alta investidura de la primera autoridad nacional, hay que presumir que su denuncia está basada en pruebas. Un mandatario no puede ir de tarima en tarima lanzando acusaciones infundadas y si el Presidente dice que hay conspiraciones para derrocarlo, seguramente es así.
Derrocar a un gobierno es el acto delictivo más antidemocrático que se puede cometer en un país y, como tal, tiene que ser investigado y severamente castigado una vez que se identifique a los responsables.
Pero, sigamos reflexionando acerca de la denuncia presidencial. Hoy en día, ¿quién –entre todo el espectro político– estaría interesado en “derrocar” a Arce? Los opositores, salvo los que parecen ajustados a los límites geográficos de Santa Cruz, como hemos dicho, no se han mostrado muy fortalecidos últimamente.
Una vez más, en vistas de los antecedentes señalados, no es descabellado pensar en que una o más corrientes internas podrían estar buscando el debilitamiento del Gobierno nacional. Coincidentemente, en los días recién pasados reaparecieron dos viejos conocidos de la política boliviana, ambos miembros del gabinete de Evo Morales y de los más hábiles: el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y el exministro de Gobierno Carlos Romero. Sobre todo el primero, Quintana, tiene el antecedente de haberse formado en la Escuela de las Américas, un dato llamativo si se consideran la cercanía del otrora hombre fuerte del gobierno de Morales y las frecuentes cuestionamientos de Evo a los militares y policías que pasaban cursos de capacitación en Estados Unidos. También Romero salió a defender al expresidente que, de un tiempo a esta parte, se ha dedicado a observar al gobierno del MAS, partido que todavía dirige.
