EDITORIAL

Cambios que nunca llegan

El Ministerio Público en Bolivia hace muchos años que no da pie con bola. Es penoso su trabajo cada vez que deja en evidencia su relacionamiento casi total con los poderes políticos del Estado, como si constitucionalmente se debiera a ellos.

Desde este mismo espacio, en más de una oportunidad, hemos señalado que a los fiscales del país, comenzando por el número uno de ellos, el Fiscal General, les falta tino para desenvolverse con su trabajo a favor de la sociedad. ¿Será que es necesario recordarles que deben trabajar para la gente y no para un gobierno determinado?

No pasa únicamente con el Ministerio Público, es verdad. También con varias instituciones dependientes del Órgano Judicial, cuya labor deja mucho que desear y solamente expone su carácter retrógrado, es decir, una falta de actualización, que sea acorde a las demandas de la población en los tiempos que corren. Este último es el caso de Registro de Derechos Reales.

Incluso una de las más altas autoridades de la Justicia nacional hizo notar que Derechos Reales funciona con una ley que data del siglo XIX.

Para varios de los cambios necesarios en los ámbitos del Ministerio Público y del Órgano Judicial, el país entero esperó pacientemente la realización de una cumbre que fue anunciada hasta el cansancio, principalmente, por el Ministerio de Justicia; al final, nunca se concretó. A la Cumbre Judicial se la fue postergando en diferentes oportunidades hasta dejar, hoy, a los bolivianos, en la más completa incertidumbre sobre este importante tema.

Si los cambios no se viabilizarán mediante una cumbre, pues habrá que ver la manera de que se lo haga por otro lado. Uno de ellos tendría que ser al accionar del Ministerio Público, cuya ley (la número 260), como su antecesora Ley Orgánica del Ministerio Público, no fue diseñada para “velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales”, tal cual reza su artículo 2, sino para proteger a los fiscales y darles poder.

Uno de los elementos perniciosos de esa norma es la declaratoria de reserva, que los fiscales utilizan cuando no quieren que nadie sepa lo que están haciendo en una investigación. En su estructura mental, la violación de la reserva es una falta muy grave, con grado de delito, porque se han acostumbrado a utilizarla. Cuando esta figura fue introducida a la ley orgánica del Ministerio Público, la prensa advirtió que sería muy peligrosa; pero los legisladores no hicieron caso. Justificaron su inclusión señalando que lo que se buscaba era evitar que la divulgación de información perjudicara a las investigaciones.

A propósito de esto mismo, también el Ministerio Público peca de anacrónico cuando, por ejemplo, no se apoya en la prensa nacional para desarrollar con mayor éxito las investigaciones de casos policiales.

Al respecto, hace poco se supo del (lento) avance de las averiguaciones relacionadas con un asesinato en Sucre y dentro de las cuales, según fuentes de la Policía, habían logrado avanzar con la obtención de los rasgos identitarios del presunto autor.

En cualquier país con un Ministerio Público menos reticente, esas facciones posibilitarían el bosquejo de un identikit que se compartiría con los periodistas para que estos, mediante su publicación en los medios de comunicación, permitan a la mayor cantidad de gente aportar con datos y así poder dar lo antes posible con el asesino. Es lo que ocurre, sin ir muy lejos, en Argentina, pero en Bolivia, la respuesta habitual para este tipo de situaciones, ante todo para los requerimientos periodísticos es, siempre, la misma: “se entorpecerá la investigación”.

La pregunta obvia, volviendo al citado caso de Sucre, es: ¿En qué entorpece una investigación el hecho de que circule en una ciudad el identikit del presunto autor de un crimen? Los cambios tienen que llegar pronto; no se debería esperar, solamente, las decisiones políticas que sabemos, a veces, no llegan nunca. Algunos pueden surgir de iniciativas propias, de cada institución o de sus funcionarios.


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