La desconfianza con la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo no es solo de los mineros de Huanuni. Maestros, médicos, fabriles y varios otros sectores están preocupados con el traspaso de sus aportes a la nueva estatal.
Resulta curioso, para decir lo menos, que la vanguardia del proletariado boliviano de una empresa estatal no confíe en la Gestora y, a punta de bloqueos y dinamitazos, le haya sacado al Gobierno una suspensión temporal de la migración de sus datos al nuevo sistema. Por supuesto, esta no es solución al problema sino una manera de comprar tiempo y desactivar momentáneamente otro conflicto social. Se otorga un privilegio a un grupo. Todos somos iguales frente a la Ley, ¡ah, eso sí!, temporalmente.
Al parecer el Gobierno cree que el problema con la Gestora es comunicación y socialización de una norma que tiene 12 años. En el 2010 se aprobó la Ley de Pensiones 065 que crea la Gestora. Los trabajadores mineros y otros sectores sufren de insanidad temporal, de una rebeldía caprichosa de primavera. Entrarán en razón o los haremos entrar en razón en algunas semanas. Seguramente también acusarán a los trabajadores mineros de hacerle el juego a la derecha. Pero estos dirán temporalmente, compañeros.
Como el problema es solo de comunicación, los jerarcas del régimen han salido a la opinión pública a exhibir las virtudes de la Gestora y mostrar que los 23.000 millones de dólares de los aportes a las AFP están seguras en sus manos. Habría cinco regios candados protegiendo el ahorro de jubilación de cerca a 2,5 millones de personas. Pero, como lo muestra la experiencia nacional, para candado hay cerrajero político que tiene una llave o ganzúa.
Primer candado: “Son recursos autónomos que son invertidos para generar rendimientos y financiar la jubilación”. Aquí el tema es quién decide invertir y dónde los recursos de los patrimonios autónomos. Cuando la Gestora se haga cargo de los recursos de los aportantes serán los militantes del partido los que tendrán la llave de este candado.
Segundo candado: “Son controlados y fiscalizados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS”. Gestora y Fiscalizadora son el Estado, son juez y parte. Son dos ratones con hambre a cargo del queso. Ambas instituciones son controladas por burócratas y políticos. Nuevamente la llave de este candado la tienen los militantes del partido de turno.
Veamos un ejemplo. En el sector petrolero, existe la empresa YPFB y su controlador supervisor: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Este arreglo institucional no impidió que el gas se hiciera gas. La pregunta es siempre quién controla el controlador. La respuesta: los militantes políticos.
Tercer candado: “Están sujetas a control social y rendiciones públicas de cuentas”. Este es un saludo a la bandera. Generalmente el control social son las organizaciones sociales y sindicales vinculadas al Gobierno. Otra vez la llave del candado la tienen los militantes políticos.
Cuarto candado: “Son controlados por cada Asegurado, con su reporte de Estado de Ahorro Previsional y siendo el único que puede acceder a sus recursos para la jubilación”. Si bien solo el jubilado puede ver sus recursos, la decisión de qué hacer con esta plata y dónde invertir la toman militantes politicos. No tiene ni voz ni salida sobre su dinero.
Quinto candado: “Los Estados Financieros de la Gestora son auditados mediante licitación pública”. Este es un control a posteriori que existe en todas las empresas. Si la plata se manejó mal, se descubre un año después. ¿Quiénes realizan el requerimiento de devolución de fondos o de responsabilidades de malas inversiones? Son nuevamente los políticos. ¿Quién tiene la llave del candado? Los hermanos y compañeros.
Pero para que no digan que solo criticamos, pasemos de la problemática a la solucionática. El Gobierno siempre se mueve con una dicotomía: si no están estatizadas o nacionalizadas las empresas, la única cosa que les ocurre es que tienen que estar privatizadas. Antes que alguien se le ocurra decirme que yo quiero que se queden las actuales AFP, van algunas propuestas.
Es necesario modificar la Ley de Pensiones en base a un gran acuerdo nacional. Esto parece pedir peras al olmo. Pero lo último que muere es la esperanza. Los políticos tienen la obligación de cuidar del ahorro de toda la vida de las personas.
Se debería permitir la existencia de dos gestoras públicas y una gestora privada de origen nacional, con la posibilidad de que haya más privadas. Nada como la competencia para generar eficiencia.
Es imprescindible crear un gobierno corporativo o gobierno interno de las gestoras transparente e independiente en base a capital humano competente en el tema. En la actualidad, por ejemplo, el directorio lo nombra el Presidente en base a una terna hecha por la Asamblea. El Gerente General también es nombramiento totalmente político.
Se debería permitir que las nuevas gestoras puedan invertir de los recursos en el exterior a partir de criterios financieros claros. Por ejemplo, solo invertir en papeles triple AAA.
Introducir real competencia en el manejo de nuestros recursos. Los aportantes podríamos elegir entre las gestoras públicas y privadas utilizando criterios como rentabilidad, buen servicio, transparencia y seguridad, como en el sector bancario.
Para finaliza, un tema personal. Hoy es un día triste. Esta columna perdió a su más fiel y mejor lectora. Cuando algún amigo me decía que le gustaba leer mi columna, yo siempre respondía: “Gracias, me leen tú y mi mama”. Ya no podré repetir esta salida al paso de un elogio inmerecido.
ado, así lo muestra la relación con el yerno díscolo que es la Argentina. P.D. Aclaro a la opinión publica que mi suegra es una santa.
