Una de las características del Estado constitucional de derecho es que se encuentra regulado por normas y reglas preestablecidas, a las cuales se someten tanto gobernantes como gobernados. Este sistema normativo tiene en su cúspide a la Constitución Política que, en su deber ser, nos propone normas destinadas al bien común y a la convivencia pacífica de los ciudadanos.
En general, un texto constitucional debería ser el espejo de la realidad de un país, cosa que no siempre sucede, sea por haberla impuesto sin llegar a consensos necesarios que no expresen una voluntad general, sea por incorporar fórmulas ajenas o parciales al desarrollo histórico de los pueblos o por querer imponer un régimen contrario al sistema democrático.
De esta manera, un texto constitucional que no goce de la legitimidad ciudadana en el quehacer cotidiano, aun cuando haya recorrido todos los pasos formales de su aprobación, corre el peligro de activar perversas anomias, confrontaciones de sectores, debilitamientos institucionales, desconocimiento de valores democráticos en la sociedad e imposición de comportamientos caóticos como violentos que reemplacen los escenarios institucionales por una lucha callejera tribal.
En nuestro país –esto se conoce y se ha repetido hasta el agotamiento– la jerarquía normativa constitucional debería ser una garantía de un comportamiento ordenado y predictible de las instancias gubernamentales, sus autoridades y de los ciudadanos. Pero no lo es. El ser no guarda relación con el deber ser, la norma no se cumple; es más, todos hacen lo contrario a lo que se prescribe. Esta forma de ser parte de las instancias gubernamentales en las que las autoridades cumplen sus funciones en flagrante desprecio a las reglas de juego. Las normas impuestas y dictadas no son de cumplimiento obligatorio, son mecanismos puramente referenciales y opcionales.
Ministros de Estado, magistrados, fiscales, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, asambleístas, concejales y otros más desconocen la propia Constitución porque no les es útil, o los que la conocen la utilizan de tanto en tanto para tratar de justificar sus dislates. Si esto sucede con la Constitución, la norma secundaria, la departamental o local, es una referencia insustancial. Los ejemplos son innumerables, solo basta con recordar unos cuantos.
El juez Heber Torrejón considera que la señora Jeanine Áñez no fue presidenta constitucional, por lo tanto, no debe ser sometida a juicio de responsabilidades. Un juez ordinario se pone por encima de todo un Órgano Legislativo y decide per se procesar hechos políticos sin tener competencia para ello. Los parlamentarios, mudos; los oficialistas, dedicados a sus pugnas internas en tanto los opositores, en su mayoría, entregando medallas y reconocimientos. El caso Adepcoca es una muestra de cómo el Gobierno vulnera la normativa dictada por ellos mismos, provocando violentas confrontaciones entre una asociación legal, que defiende un mercado reconocido, y un grupo de cocaleros masistas que quiere imponer un mercado paralelo ilegal, incumpliendo lo determinado por la Ley 906 y su reglamento. La represión a los que tienen la razón no solo es policial sino judicial con la detención arbitraria de varios miembros de Adepcoca, cuyo delito mayor es defender la vigencia de la ley. El flamante Defensor del Pueblo, ausente.
Otro: La exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, es enviada a la cárcel con detención preventiva de un mes por el juez Eduardo Foronda, en una muestra de sumisión judicial al poder político con la aplicación de medidas que pretenden amedrentar a los opositores y eventuales competidores del partido de gobierno; el terrorismo de Estado funciona a plenitud. Nuevamente el Defensor atisba desde su oficina.
En próximos días, es posible que se declare un paro de actividades en Santa Cruz reivindicando el Censo de Población y Vivienda para el 2023. En respuesta a este anuncio, el ministro Montaño, cuya función es contribuir a la gestión del presidente Arce Catacora ajustando sus actos a la Constitución y la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, anuncia nuevamente que estará en Santa Cruz desbloqueando en persona los bloqueos. Un ministro devenido en represor, que abandona sus funciones propias, por ejemplo, responder como cabeza de sector a los monumentales actos de corrupción en la ABC. No, él prefiere distraer al país y, por supuesto, a su propio partido con actos “heroicos” cual notable esbirro paramilitar. Su jefe, el presidente Arce, en extraña coincidencia con la oposición política, se junta en un sonoro silencio frente a esta iniquidad.
Finalmente, para no abundar con más ejemplos, conocido el Informe de Fondo No 394/21, de la CIDH, caso Mario Francisco Tadic Astorga y otros, cuyas conclusiones establecen graves responsabilidades en contra del Estado boliviano y los gobernantes de la gestión Morales Ayma sobre lo acontecido en el hotel Las Américas de Santa Cruz, abre un debate amarillista. Siguen el libreto, nos distraen con lo adjetivo dejando de lado de manera deliberada lo sustantivo. En lugar de tratar los temas de fondo como la eventual responsabilidad penal de Evo Morales y sus ministros, la agenda informativa ha sido copada por denuncias de quién filtró el informe, ignorando la esencia del mismo, con una manifiesta pasividad cómplice del Ministerio Público y los parlamentarios de todas las fracciones; ni qué decir de los líderes opositores que, orondos de su ineptitud, se conforman con publicar alguna declaración inocua en las redes sociales. Así, lejos de reponer la verdad y sancionar a los responsables, se consolida la más vil de las impunidades.
En esta cadena de abusos y arbitrariedades, las autoridades del MAS siguen en su tarea de no encontrar la solución al conflicto sino el conflicto a la solución, en una escalada progresiva de golpes desde el Gobierno a la democracia que puede dar fin con ella y consolidar un régimen autoritario.
