La ciudad de Nuestra Señora de La Paz se fundó el 20 de octubre de 1548. No se sabe si por homenaje a esa fecha o por el entonces anunciado paro cívico indefinido de la ciudad de Santa Cruz, una senadora oficialista presentó un proyecto de ley que declare a La Paz como sede de gobierno y centro del poder político del Estado, lo que por supuesto causó indignación en la ciudadanía de Sucre, que figura en la Constitución como la Capital del Estado boliviano.
Sugestivo el proyecto, pero el objetivo real ¿será afectar a Sucre, a Santa Cruz o será realmente un homenaje insólito a la ciudad de La Paz? Además de sugestivo, curioso. ¿Acaso no sabe todo el mundo que la sede de gobierno es la ciudad de La Paz, al extremo de que internacionalmente se la conoce como la Capital boliviana? ¿Será necesaria la aprobación de esa ley? Y, ¿será iniciativa personal de la senadora proyectista o estará cumpliendo algunas instrucciones?
Es bien sabido que el poder económico implica poder político. Esa fue la verdadera causa de la llamada Guerra Federal, que cambió la sede de Gobierno de Sucre a La Paz porque el poder económico de la plata pasó al estaño. Ahora el poder económico se ha trasladado de La Paz a Santa Cruz. Por eso es que es sugestivo el “homenaje”, innecesario porque no es creíble que haya esa intención. Sucre está de por medio y su condición de Capital no debe ser puesta en duda.
En todo caso, el país está viviendo una etapa sumamente delicada y no es prudente aumentar leña al fuego. El nuevo censo apoyado por la población boliviana tiene por objeto verificar el padrón y actualizar la información en base a la cual tienen que haber muchos cambios de orden económico, con compensaciones para las regiones deprimidas para no desintegrar más este desintegrado país, donde tienen prioridad de atención gubernamental las de mayor peso político y no las de menor desarrollo económico.
Se dice que los problemas se resuelven por medio del diálogo, pero la manera de dialogar a la boliviana es bien curiosa. Por ejemplo, en casos actuales como el del Censo, Santa Cruz dio un plazo de 21 días para dialogar con el Gobierno, que reacciona cuando el plazo se ha vencido y después de medir fuerzas entre el espontáneo cabildo cruceño y el “cabildo” oficial. Difícil entender una prolongación en la realización hasta el 2024, cuando el Gobierno fijó la fecha para el 16 de noviembre de 2022 asegurando que todo estaba dispuesto.
Es sugestivo el tema, sin lugar a dudas. Pretender homenajear a una ciudad celebrando un aniversario de su fundación con algo que no necesita porque lo tiene en la práctica es un desatino. Un cambio de sede es imposible porque, entre otras cosas, La Paz tiene un celoso guardián como es El Alto, que cambia presidentes o medidas gubernamentales cuando así lo decide. Pueden preguntarle a Gonzalo Sánchez de Lozada en el primer caso, o a Evo Morales en el segundo cuando pretendió subir los precios de los carburantes que se mantienen inalterables hasta hoy.
Sin embargo, es una realidad que el poder económico y también el político se han desplazado al oriente, lo que puede debilitar el exagerado centralismo que tanto daño causa a las regiones. La Paz se ha quedado con la burocracia estatal y se ha convertido en el centro de los conflictos y de las manifestaciones. Difícil mantener la pregonada y mal practicada unidad nacional con acciones contrarias a las declaraciones hipócritas y medidas insólitas, como pretender acabar con un paro cívico con un cerco al motor de la economía nacional.
