Escribo esta columna desde hace mucho tiempo y solo eventualmente sobre temas políticos, cuando interesan al país en general, pues mi pasión, o como dicen mis lectores, mi obsesión por la bella ciudad de Sucre ocupa la mayor parte de mi atención.
Sin embargo, cuando existe un problema como el actual que se ha iniciado en el departamento más importante de Bolivia como es Santa Cruz, que insiste en un censo programado con anticipación y cuya postergación no tiene explicación racional, es la causa del enfrentamiento peligroso entre los que llevan a cabo un paro decretado por el cabildo cruceño y un cerco insólitamente impulsado por el Gobierno.
El Gobierno culpa a los organizadores del cabildo de las consecuencias económicas que sufre el país y al Gobernador cruceño especialmente aprovechando que aún en Santa Cruz tiene antipatías, aunque es bien sabido que también tiene cualidades, y bien grandes.
Lo curioso, además, es que simultáneamente el propio gobierno impulsa un cerco al motor económico de Bolivia y cierra las fronteras para evitar la exportación de algunos productos. ¿Acaso esa medida no afecta negativamente también a la economía nacional?
Lo que origina desconfianza en la palabra del Gobierno es que ahora asegura que “la fecha debe ser determinada técnicamente a través de una comisión de técnicos”. En cambio, el Vocero presidencial afirmó hace poco tiempo que todo estaba previsto para llevarlo a cabo en la fecha prevista.
El 21 de julio de 2021 el Presidente promulgó el D.S. 4546, que establecía que el Censo se llevaría a cabo el 16 de noviembre de 2022. El 27 de marzo de 2022 el Director del INE garantiza el Censo 2022 técnica y financieramente. El 13 de abril de 2022 la Ministra de Planificación garantiza el financiamiento externo para el Censo 2022. El 9 de mayo de 2022 renuncia el Director del INE por motivos de salud. El 9 de junio de 2022 renuncia la Ministra de Planificación por motivos personales. El 15 de junio el Senado aprueba el crédito de Fonplata para el Censo 2022. El 23 de junio el nuevo Ministro de Planificación ratifica la realización del Censo. El 8 de julio el Senado sanciona préstamos del BID por 100 millones de dólares para la realización del Censo 2022. El 12 de julio el Consejo de Autonomías pide la postergación del Censo cuando todo estaba listo. El 14 de julio el Presidente posterga por decreto 4760 el Censo hasta mayo o junio del 2024, casi por dos años.
Por tanto, ¿qué ha pasado? ¿Son razones técnicas, como dice el Gobierno, cuando afirmaba que todo estaba listo? ¿O se pretende evitar que se conozcan las manipulaciones del padrón, como dicen en Santa Cruz? ¿O el Gobierno quiere seguir gastando el dinero que pertenece a otros departamentos? ¿No será que un nuevo censo afectará al centralismo? ¿O estarán en riesgo las próximas elecciones generales?
En fin, son muchas preguntas sin respuesta, pero hay otras que sí tienen respuesta. Por ejemplo, algunas autoridades de Chuquisaca no quieren censo porque no le conviene al departamento; es respuesta pero es una estupidez. Es como si un enfermo no quisiera su diagnóstico para hacer frente a su enfermedad.
Claro que Bolivia necesita censo y cuanto antes, mejor. Conocer la realidad para tomar medidas oportunas para enfrentar la adversidad es una necesidad nacional y así deberíamos entender todos los bolivianos, en lugar de politizar la situación y la solución.
