El Censo de Población y Vivienda se ha convertido en el motivo perfecto para confrontar a los dos extremos políticos que imperan en el país. Hoy se cumplen 20 días de paro indefinido en Santa Cruz, cuyas instituciones, comandadas por la Gobernación y los cívicos, no dan el brazo a torcer, más aún después de la decisión del Gobierno de ratificar que la encuesta nacional será en 2024.
La mesa técnica de Trinidad sirvió poco y nada, al menos, desde el punto de vista de quienes esperaban que de allí saliera humo blanco. Las partes enfrentadas se sentaron durante varios días en una misma mesa solo para hacer oídos sordos: si algo se extrañó de la comisión fue el diálogo.
Ahora, una vez más, el país ha caído en un momento de absoluta incertidumbre y la violencia amenaza con reaparecer en las calles. Como lo hicimos hace poco en este mismo espacio editorial, cabe preguntarse si realmente existe o no verdadera voluntad para resolver esta crisis.
En lugar de apaciguarse de los ánimos, el agravamiento de la tensión social en Santa Cruz está llevando a sospechar en que detrás de los reclamos de Censo de 2023, o de la defensa de que esta actividad se desarrolle en 2024, hay mucho más que la definición de una fecha.
El diálogo se ha entrampado desde el momento en que la institucionalidad cruceña planteó que primero se cambie el Decreto Supremo 4760, para que el Censo sea en 2023 y no en 2024, y después se reinstalen las mesas técnicas, mientras que el Gobierno propuso lo contrario: que la fecha fuese el fruto de las conclusiones del trabajo que finalmente se hizo, aunque con magros resultados, en la capital beniana.
Luego, curiosamente, se advirtió una apertura de los cívicos de Santa Cruz a sentarse en una mesa técnica, tal cual venía proponiendo el Gobierno, pero este a continuación se llamó a un no menos extraño silencio mientras sus bases sociales se movilizaban en la capital oriental o, directamente, chocaban en las calles contra quienes defienden las medidas adoptadas en el cabildo de septiembre.
En el fondo, el Censo se constituye nada más que en un pretexto dentro de un forcejeo político por el poder. Y en medio de esta pugna se viven hechos traumáticos, como las muertes de Julio Taborga en Puerto Quijarro y de Eduardo Arancibia Barrancos en el barrio Tres Lagunas o como las agresiones a periodistas.
Una vez más, fruto de un paro, la cotidianeidad se ha visto interrumpida por actos violentos o por desgracias humanas cuyos efectos negativos predisponen mal al desarrollo normal del futuro inmediato. A la pelea por el control político hay que sumarle la intolerancia, la falta de respeto a creencias distintas de la propia. El rechazo a las personas que consideramos diferentes, con un alto grado de prejuicio, así como el desconocimiento de instancias legítimas de diálogo no dejan avanzar. ¿Hay voluntad de resolver esta crisis? ¿Hasta cuándo estarán entrampados en esta vorágine, mientras Santa Cruz pierde decenas de millones de dólares cada día?
El aferrarse a las propias ideas de forma obsecuente, impidiendo escuchar al otro, es una práctica cotidiana que solo nos conduce a un callejón sin salida y a encerrarnos en un círculo cada vez más pequeño y peligroso. ¿Acaso necesitamos políticos que se muestren los dientes en cada noticiero? Lo que necesitamos son líderes que puedan hablar, que dialoguen y encuentren en sus diferencias las coincidencias indispensables para comenzar a solucionar los problemas del ciudadano de a pie, que los tiene y son muchos. Aunque parezca imposible, siempre hay una posibilidad de ponerse de acuerdo. La gente está cansada de asistir a discusiones y a agresiones que no causan ningún beneficio. Ya fue suficiente. Llegó la hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad en este conflicto y reconduzca el país, y que la institucionalidad cruceña deponga actitudes beligerantes para que, entre las dos partes, arriben a los acuerdos necesarios para pacificar Bolivia.
