El lunes 20 de noviembre de 2001, la Fiscalía de Potosí, entonces controlada por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) archivaba, por segunda vez, el proceso de investigación del fraude de Maragua por considerar que, al existir un sentenciado, el exnotario electoral Miguel Sandi, no se podía seguir el mismo proceso por un mismo delito.
Sin embargo, detrás de esa decisión estaba el intento de liberar de culpas a los entonces tres senadores de Potosí, Gonzalo Valda y Edgar Lazo, del MIR, y Wilson Lora, de Acción Democrática Nacionalista (ADN).
El fraude de Maragua fue la modificación de los resultados de la votación en ese remoto lugar del norte potosino, en las elecciones nacionales de 1997. En el lugar aparecieron más papeletas electorales que votantes y casi todas marcadas para el candidato del MIR a diputado uninominal, Edgar Lazcano. Se trataba de un curul, pero determinante a la hora de votar en un parlamento en el que prácticamente no existían mayorías. En ese entonces, un voto pesaba mucho.
El fraude fue ejecutado por Valda, Lazo y Lora y su ejecución, tan desvergonzada y burda que, como los dedos de las manos no les alcanzaron para imprimir huellas digitales en las actas electorales, también utilizaron los de sus pies.
Las publicaciones, en Correo del Sur, primero, y en El Potosí, después, consiguieron que se revisen los resultados electorales y se revierta la designación de Lazcano como diputado. Pero después vino la cuestionable actitud de la justicia, que hizo todo lo que estaba en sus manos para evitar que los senadores sean procesados.
La primera vez que se archivó el caso, este fue denunciado en Correo del Sur. La segunda, en 2011, le tocó hacer el mismo trabajo a El Potosí, que se había fundado ese año.
A consecuencia de las constantes publicaciones, la repulsa popular fue tan grande que la sombra de Maragua acompañó a los senadores por el resto de su vida.
Gonzalo Valda era uno de los cardenales del MIR, pero el fraude motivó su rompimiento con su partido y luego se presentó como candidato a diputado suplente por la UCS. Para jurar a ese cargo, entró y salió por la puerta trasera del Parlamento y, esa fue su última aparición pública. Después actuó tras bambalinas, pues llegó a ser asesor de Santos Ramírez, que cayó en desagracia, y de YPFB, con el caso Catler Uniservice.
Edgar Lazo se quedó en La Paz y murió por una caída, en un accidente doméstico. Wilson Lora, que vociferaba que la verdad saldría a la luz, murió de covid-19 y Valda también, poco después, con la misma enfermedad. Lazcano, que incluso purgó cárcel, falleció luego de haber recuperado su libertad.
En Potosí casi no se habló de sus muertes, pero sí se recordaron sus culpas en el fraude de Maragua. Antes de este caso, Valda era famoso por haber entregado un cheque sin fondos para un añejo proyecto regional pero, tras al fraude, su sombra lo persiguió por el resto de su vida.
No fue el único caso de fraude cometido en las gestiones de los gobiernos denominados “neoliberales”.
Antes, en las elecciones nacionales de 1989, con Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), Jaime Paz (MIR) y Hugo Banzer (ADN) como principales candidatos, el traslado de las urnas se convirtió en un “mágico” cambio de resultados y de escaños.
El MNR había ganado la elección en Oruro y apareció segundo. En La Paz, Víctor Hugo Cárdenas (MRTKL) y Róger Cortez (PS-1) ganaron una diputación que les fue negada por ese “traslado de votos” realizado por cuatro delegados ante la Corte Electoral.
Hasta entonces, el fraude electoral parecía un procedimiento “de la derecha” o de los “neoliberales”, pero la historia se encargó de demostrar que también podía ser cometido por quienes se autodenominan “revolucionarios”.
