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Movimiento y poder ciudadano (*)

Edgar Cadima G. 21/11/2022
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Actualmente muchos piensan que la ciudadanía debiera conducir la lucha contra el autoritarismo y tomar el poder, ante la evidencia de que el sistema de partidos políticos ha sido destruido por el nivel de “partidocracia” que generaron, así como por el accionar prebendal y autoritario del MAS y, aunque la ciudadanía está defraudada del accionar de la mayoría de los partidos y de sus relaciones incestuosas con la corrupción, la prebenda e, incluso, la delincuencia, los partidos son una necesidad para construir la institucionalidad estatal y se debería alentar su revalorización.

Lamentablemente, la función política partidaria y la gestión pública han sido distorsionadas. Los partidos políticos y sus dirigentes han invertido los valores y, una vez llegados al ejercicio de la gestión pública, creen que pueden desviarse a satisfacer sus intereses partidarios o particulares y que la ciudadanía debe apoyarlos, socaparlos y aceptar sus tropelías, cuando lo correcto es que ellos se encuentren al servicio de la ciudadanía y se asuman como servidores públicos que cumplen las funciones de intermediar los intereses de la población, responder a sus requerimientos y resolver sus problemas.

Ante esta evidencia trastocada en muchos países, la ciudadanía ha salido espontánea y masivamente a protestar para poner fin a situaciones de total desgobierno o autoritarismo. Existen muchas experiencias en este sentido: el movimiento de los indignados de España (2011) que protestó contra la crisis, el desempleo y la corrupción; la primavera árabe (2010-2013) contra la dictadura; el Occupy WallStreet (2011) en New York contra la concentración financiera; la movilización de los “chalecos amarillos” en Francia (2018) contra el alza de los combustibles y la injusticia social; el movimiento de “las pititas” en Bolivia (2019) que hizo huir al dictador Evo Morales; ahora, en Irán, la revuelta ciudadana contra la dictadura de los ayatolas; o ahora la gesta de Santa Cruz por el Censo 2023. Esas revueltas y muchas más, en tanto expresiones de movimiento y poder ciudadano, lograron frenar abusos, cambiar políticas de Estado e incluso cambiar gobiernos y expulsar dictadores, pero, al poco tiempo, los sistemas se reinstalaron y las nuevas autoridades actuaron como si nada hubiera ocurrido.

Todas esas movilizaciones ciudadanas tienen dos aspectos coincidentes: la indignación y la espontaneidad.

La indignación, en cuanto enojo pacífico, traducido al campo político, significa “no somos dignos de este tipo de abusos de las autoridades” y no puede ser que ellas hagan escarnio y “siembren nabos” en nuestras espaldas. El abuso tiene un límite y, rebasado ese límite, no queda otra que salir pacíficamente a la calle para que las autoridades cambien de conducta o se vayan. Si las autoridades no saben escuchar los mensajes que emite la ciudadanía (denuncias, manifestaciones, huelga, etc.), entonces la indignación ciudadana encuentra su cauce legítimo de rebeldía contra el gobierno.

El espontaneísmo, en cuanto comportamiento humano, caracterizado por la inexistencia de motivos razonados para algunas de sus acciones, se encuentra, en el campo político, con la paradoja de que existen las razones que motivan una conducta colectiva, pero la gente actúa sin ninguna planificación, sin mayor organicidad que la circunstancial y con liderazgos improvisados; en suma, se desarrolla según la urgencia o voluntad acuciante de la gente y sin conducción organizada.

Ambas características han marcado y limitado esas movilizaciones ciudadanas, que, si bien en muchos casos han logrado algo, se han vuelto insuficientes para un cambio profundo del sistema económico social, más allá de haber dejado huella en la historia de las luchas sociales y políticas de los pueblos. Esta lleva a la necesidad de repensar en el significado del movimiento y el poder ciudadano.

El movimiento ciudadano no tiene la capacidad de ejercer el “poder” por su inorganicidad, ya que no está conectado por tendencias e intereses individuales o grupales, similares a los de los partidos, ni tiene estructura única ni una propuesta programática homogénea, pero tiene el poder de evaluar, sancionar, desacatar o desconocer a quienes ejercen el poder. Si se desea construir algo diferente que exprese el movimiento y el poder que tiene la ciudadanía, no debe, necesariamente, tener un carácter partidario ni debe impedir que los partidos sigan su trabajo, sino que debe aportar al cauce del accionar político y ayudar a la revalorización de los partidos mediante el desarrollo de una clara conciencia de ciudadanía y una férrea adscripción a la democracia, enmarcados en los dos niveles siguientes:

  1. Al interior de los partidos políticos, debe influir y presionar para que adopten una concepción y práctica de servicio a la población. Los partidos deben comprender que están al servicio de la ciudadanía, y son los intereses y necesidades del pueblo que deben satisfacer. Es una batalla política/ideológica que la ciudadanía debe realizar al interior de los partidos y es un campo que no puede quedar descuidado.
  2. Desde la sociedad, el movimiento ciudadano debe ejercer, de manera organizada, control, interpelación, participación, evaluación y presión en las instancias de gestión del Estado. Para ello es necesario que la ciudadanía se organice en redes de comunicación y coordinación para el desarrollo de sus actividades de participación y control; en grupos o plataformas ciudadanas de influencia e incidencia política; y en organizaciones sociales, profesionales, barriales, sectoriales, etc. capaces de participar, defender sus derechos y poner freno a las arbitrariedades o las tendencias autoritarias
  3. Por último, pero no menos importante, el movimiento ciudadano como poder y cultura democrática debe tener plena conciencia del significado de ciudadanía, de los derechos que tiene, pero también de sus obligaciones.

Presencia e influencia ciudadana dentro de los partidos y participación, interpelación y control externo desde la sociedad, son fundamentales para ejercer a plenitud la participación, el poder y el control social establecidos en la Constitución Política.

* Miembro de la Plataforma UNO, que fomenta el debate plural y no necesariamente comparte loa puntos de vista del autor/a.

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