Este viernes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la ONU en 1999 en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y fueron emboscadas y asesinadas un día como hoy de 1960.
Lamentablemente, dicha conmemoración se realiza en medio de la constatación de que los avances en tal sentido son insuficientes. De hecho, mientras que en muchas latitudes la violencia se mantiene o se reduce en niveles modestos, en otras, entre las que está incluido nuestro país, los casos de vulneración de derechos contra las mujeres se incrementan a pesar de los discursos, la aprobación y el endurecimiento de normas sobre la materia.
La prueba de lo insuficientes que resultan en la práctica los esfuerzos que se hacen para afrontar el problema ha obligado a los gobiernos del mundo y a los organismos internacionales a dar al tema un lugar privilegiado entre sus prioridades. Es el caso de la ONU, por ejemplo, que considera que el tema de la violencia contra las mujeres debe ser abordado con los mismos criterios con los que se lucha contra las pandemias de salud pública.
Los datos que respaldan esa apreciación son elocuentes. Según estadísticas oficiales difundidas por la ONU, alrededor del 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo asegura haber sufrido una experiencia física o sexual violenta en algún momento de su vida y la mitad de ese porcentaje sufrió, o sufre, alguna forma de agresión sexual antes de cumplir los 16 años de edad.
En medio de tal panorama, nuestro país expone datos muy preocupantes pese a los avances que se han dado particularmente desde la recuperación del sistema democrático y que se tradujo, entre otras cosas, en la promulgación de una “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, la número 348. Los juristas están de acuerdo en que esta norma es de avanzada e incluye figuras que realmente protegen a las mujeres; empero, no ha servido para disminuir los índices de casos, sino todo lo contrario.
Un total de 33.453 casos de violencia contra mujeres y menores se habían registrado entre enero y agosto, un 11% más que en el mismo periodo de 2021, según datos de la Fiscalía General del Estado. La mayoría de los sucesos denunciados fueron delitos de violencia familiar o doméstica (25.959), y, con números más bajos, pero igualmente preocupantes, luego: los abusos sexuales (2.240), las violaciones a niños o adolescentes (1.833), las violaciones en general (1.884) y los casos de estupro (1.076), entre otros. Las regiones que han reportado más denuncias son: Santa Cruz (12.364), La Paz (7.059), Cochabamba (5.388), Tarija (2.469) y Potosí (2.029).
A estos datos hay que sumarle la violencia cotidiana. De acuerdo con informes de la agencia de la ONU para asuntos de género, Bolivia ocupa el primer lugar del índice de violencia física contra las mujeres, y el segundo, solo después de Haití, por la cantidad de mujeres —gran parte de las cuales son menores de edad— víctimas de violencia sexual, además de la física.
Los reportes informativos diarios también muestran que este problema no tiende a disminuir sino a agravarse, lo que nos obliga a perseverar en los esfuerzos para combatir este fenómeno; propósito que tiene como uno de sus principales requisitos la comprensión de los factores que lo causan.
