Todo ciudadano, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene el deber fundamental de contribuir, en proporción a su capacidad económica, para el sostenimiento de los servicios públicos (salud, educación, seguridad, entre otros) y para el funcionamiento del aparato estatal.
En la dinámica del país que se construye a partir de 1985, en el que el papel del Estado pasa de ser predominantemente productor al de prestador de servicios para el desarrollo sostenible de la población, uno de los requisitos esenciales constituye la sólida cultura tributaria que la población debe ejercer para asegurar la liquidez mínima del tesoro público, de manera que éste encare sus responsabilidades.
Tanto empresas como personas, independientemente de su actividad, tienen el deber de contribuir, más por compromiso que por coacción, a las arcas del Estado, conforme al contrato social implícito que existe en el modelo político hegemónico. La sociedad, a través de instituciones como la familia y la escuela, juega un papel muy importante en el ejercicio de la responsabilidad de contribuir, haciendo que sea un factor central de una cultura política en la que se cumplen deberes y se disfrutan derechos.
Los recientes días, en medio de la confrontación por el censo, los medios de comunicación han dado cuenta de la pretensión de algunos sectores que pretenden tener un trato impositivo diferenciado, por no señalar que lo que buscan es tener privilegios en un sistema tributario que, por lo menos en teoría, es igualitario.
Estamos refiriéndonos, obviamente, a los cooperativistas mineros del oro, un sector cuyo trabajo constituye, inevitablemente, una agresión a la naturaleza, razón por la que debería tener control por parte del gobierno, y no así el trato diferenciado que se le quiso dar.
A eso hay que agregar el hecho de que todavía tenemos a un sector que no paga impuestos, pese a tener importantes utilidades, cual es el de los productores de hoja de coca del Chapare, también llamados cocaleros.
Los casos de evasión de impuestos, independientemente de sus autores, constituyen indicadores de que la cultura tributaria boliviana es aún muy incipiente y se encuentra poco internalizada por los potenciales contribuyentes. Este fenómeno se debe —en parte— a la ausencia de una política tributaria sólida, coherente y confiable del mismo Estado.
Una prueba de esa afirmación es que en todos estos años el universo de contribuyentes ha aumentado muy poco. El sistema de impuestos continúa interactuando sólo con una parte del universo de potenciales contribuyentes, pues una buena porción de éste no paga tasas de ninguna categoría ni especie. Por otro lado, esa situación se mantiene por la insuficiente información que dispone la población y porque pagar impuestos es todavía una tarea difícil. Los procedimientos complicados que debe seguir la ciudadanía disminuyen la eficacia del sistema.
Por esta razón, la labor del sistema de impuestos, además de descubrir mecanismos fraudulentos, como la doble contabilidad o las falsas facturas, tiene que pasar de simplemente punitiva a promotora de una cultura tributaria, que genere mayores ingresos para el Tesoro General de la Nación.
Que la mayoría de la población cumpla con sus responsabilidades tributarias no depende solamente de la eficiencia del sistema de impuestos, sino esencialmente de la administración y gestión de esos recursos que se encuentra en manos de todo el aparato estatal. Es oportuno que la que la gente observe que su dinero se emplea correctamente y que los fondos recaudados se destinan a fines sociales y que benefician a la mayoría.
