Los gobiernos de Bolivia empezaron a erradicar coca en 1986. Hacerlo costó un enorme esfuerzo porque implicaba romper el mito de la hoja sagrada. No se empezó en el trópico de Cochabamba, sino en los Yungas de La Paz, y más precisamente, en una de las cuatro comunidades de Cruz Loma, a pocos minutos de Coroico, cosa que sé muy bien porque estuve ahí.

Desde 1986 han corrido 36 años hasta hoy. En ese período, los gobiernos han adoptado varias estrategias para erradicar coca. En general, en las áreas protegidas y zonas donde el cultivo de coca está explícitamente prohibido, las plantaciones de coca son erradicadas sin mayor trámite. En cambio, en las zonas donde la ley permitía o permite el cultivo, hay unos criterios de compensación que se han modificado con el tiempo. Trataré de eso en otro artículo. 

Lo que me interesa señalar es que, año a año, los equipos de campo han “erradicado” coca y han reportado la superficie erradicada. La suma total de la coca erradicada llega a 262.421 hectáreas. ¿Cuánto es eso? Para que el lector se haga una idea: esa superficie es suficiente para meter ahí dentro 12 veces la ciudad de Buenos Aires.

Pero, si se mira la superficie total de coca cultivada en Bolivia, se encuentra que esta crece. De una base de 13.800 hectáreas en 2002, se ha llegado a 30.490 en 2021, rebasando siempre los límites puestos primero por la ley 1008 (12.000 hectáreas) y después por la ley 906 (20.000 hectáreas). No hay ninguna duda: la superficie cultivada de coca en Bolivia no se está reduciendo, sino creciendo.

¿No es un absurdo, una perfecta estupidez, reportar que se ha erradicado una inmensa superficie de cocales, pero que estos sigan creciendo cada día? Creo que dos razones explican la paradoja:

La primera es la reposición de cultivos: La clara delimitación de áreas tradicionales y áreas excedentarias establecida en la ley 1008 y la obligatoriedad de su erradicación han sido anuladas por la legalización de cultivos excedentarios mediante la ley 906. El Gobierno indemniza a los agricultores por hectárea erradicada, pero los agricultores erradican plantaciones viejas y subproductivas, y usan el dinero de la indemnización para establecer nuevas plantaciones en otro lugar. Los sindicatos de colonizadores han logrado controlar la instalación y erradicación de cultivos. Obligan a los miembros de los sindicatos a cultivar coca y son ellos, no el Gobierno, los que controlan las superficies que supuestamente se erradica. Han logrado también capturar indirectamente el control sobre la propiedad de la tierra, al adquirir la capacidad de facto de finalizar el derecho de propiedad de los que se resisten a cultivar coca o a obedecer la disciplina sindical.

La segunda razón es porque una parte importante de la superficie supuestamente erradicada podría ser falsa, es decir que se paga por erradicar y se reporta erradicación, pero la erradicación no ocurre y el dinero se distribuye entre cocaleros, “erradicadores” y supervisores. Esto es Bolivia, señores. 

Ambas causas conducen a informaciones falsas y estadísticas inexactas.

A mi modo de ver, la erradicación de los cultivos de coca es solo uno de los múltiples fracasos que han sufrido los gobiernos de Bolivia –y especialmente los del MAS– en el tema del narcotráfico. 

Los otros fracasos son la industrialización de la coca, el desarrollo alternativo, la prevención del consumo de drogas, la penalización del narcotráfico y la incapacidad para captar ingresos fiscales. La raíz común de esos fracasos es la estrategia prohibicionista equivocada. Todos ellos pudieron ser evitados, pero la terquedad y los dogmas están profundamente enraizados.

U.N.O. (Una Nueva Oportunidad) promueve el debate plural, pero no comparte necesariamente los puntos de vista del autor.