El desarrollo de la capacidad de investigación en las personas es función de las universidades (CPE, art. 91). Empero, la mediocridad internalizada en su manejo institucional ha provocado que la formación para la investigación haya decaído exageradamente. Un indicador de esto es que las y los estudiantes prefieren graduarse por cualquier otra modalidad menos por la tesis (investigación); por parte de los docentes y profesionales, la escasa cantidad de artículos científicos publicados.
Gran parte de las facultades en las universidades estatales del país cuentan con unidades de investigación con personal bien pagado, pero no producen resultados, lo que significa que no investigan. Una muestra de que el tema no es importante es la carencia de ofertas de programas de posgrado para la especialización en investigación (salvo pocas excepciones).
Finalmente, casi todos los profesores a cargo de materias de investigación carecen de formación especializada en el tema y, en gran parte de los casos, de un mínimo de experiencia. Una persona que sabe de un tema lo explica de forma sencilla para lograr que los/as estudiantes comprendan. En cambio, alguien que no sabe, lo muestra complejo y difícil. Para no evidenciarse, esos profesores suelen ridiculizar las preguntas, para evitar que otros estudiantes pretendan preguntar. Y así los universitarios se gradúan no solo sabiendo muy poco sobre investigación, sino asumiendo que es una de las cosas más difíciles, por lo que, en su vida profesional, naturalmente evitarán investigar.
Es urgente revertir el problema de la formación en investigación. Para eso, es necesaria la regulación. En esto, debe establecerse que todo profesor de investigación deba tener formación especializada y experiencia mínima en el tema; Respecto de la producción, sería óptimo el pago por investigación publicada. Las unidades de investigación deberían producir una cantidad mínima de investigaciones al año, además ser quienes coordinen y dirijan las tutorías de las tesis, quienes acrediten la capacidad de investigación de los tutores/as y quienes controlen la calidad de ese asesoramiento. Finalmente, toda carrera universitaria debiera definir sus líneas de investigación, así como lo hacen los posgrados, pero que esa definición sea coordinada con los gobiernos y la sociedad civil, de modo de identificar participativamente las necesidades de investigación del territorio.
De esa forma, no solo se lograría asegurar la calidad y la producción investigativa, sino también que esta responda a las necesidades de investigación de la sociedad.
El autor es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.
