Uno de los grandes problemas de Bolivia es su servicio de transporte urbano que, sin exageraciones, es uno de los peores del mundo.
Y este es un secreto a voces que, por tal, conoce la mayoría de los ciudadanos, particularmente del sur del país, pero del que nunca se habla porque, a decir verdad, preferimos guardar silencio, y soportar las incomodidades, a cambio de que la tarifa se mantenga tal como está. No obstante, el ilegal y unilateral incremento de tarifas en Sucre, y los anuncios de los transportistas de Potosí de hacer algo parecido, rompen ese pacto intrínseco, así que no queda más que poner el tema en el tapete del debate.
¿Por qué decimos que, con excepción del teleférico y el Puma Katari, el transporte urbano de Bolivia es el peor del mundo? Pues porque se mantiene en los mismos estándares de hace por lo menos 50 años.
Hagamos un punteo de algunas de sus fallas, comenzando por la que solo ha empeorado en los últimos años: las rutas no se modifican y, por el contrario, aumentan casi siempre en las mismas calles, empeorando los congestionamientos vehiculares, popularmente conocidos como “trancaderas”. Debido al crecimiento de nuestras ciudades, y al carácter patrimonial de sus centros históricos, ya debería haberse anulado todas las líneas, para trazar otras, más funcionales, pero ninguna autoridad municipal se ha atrevido a hacerlo por la sencilla y llana razón de que hay miedo de meterse con los sindicatos de transportistas, que ya llevan buen tiempo convertidos en masa y, de paso, constituyen, también, un nada despreciable bolsón votante.
La segunda gran falla es el estado de las unidades de transporte colectivo; es decir, los automóviles, sean estos buses, micros, minibuses o cualquier otro modelo o nombre de marca. Idealmente, esas unidades deberían renovarse periódicamente pero, para eso, los propietarios tendrían que administrar su inversión con la coherencia necesaria como para generar utilidades, primero, y permitir la renovación de sus equipos, después. No se conoce, oficialmente, de un caso en el que el dueño de un micro lo renueve pues lo que hacen los transportistas, sean dueños o empleados, es quejarse todo el tiempo de que la tarifa es baja y no cubre la hoja de costos. Ante eso, la pregunta inmediata siempre es “¿y por qué no dejan el negocio?”. Y, aunque muchos lo hacen, la verdad es que el transporte urbano ha crecido desmesuradamente, como lo podemos ver diariamente en las “trancaderas”, así que los vacíos que dejan los que se van son cubiertos de inmediato y hasta los números aumentan. Tan mal negocio no debe ser.
Como una directa consecuencia de lo anterior está la tercera falla, que es la mala atención al público. Como los salarios que se paga a los choferes son bajos, quienes cumplen esas funciones no son gente precisamente educada y eso se advierte en el trato al pasajero. Como no existe control de horarios, y los conductores compiten por levantar la mayor cantidad de pasajeros, corren indiscriminadamente, aunque eso signifique que los pasajeros que llevan parados en los pasillos se caigan.
La cuarta, pero no última, falla es el manejo corporativo del sector. Tanto en Sucre como en Potosí, que son los casos que conocemos directamente, el transporte urbano está organizado en sindicatos y asociaciones que, en lugar de actuar como tales, lo que hacen es aprovechar su número para ejercer presión. Pueden salir en marchas de protesta, tomar instituciones o bien —lo más fácil para ellos— bloquear calles simplemente dejando sus vehículos atravesados en las esquinas. Es por eso que los gobiernos municipales no se atreven a controlarles como debieran.
Su corporativismo, que a veces degenera en matonismo, ha evitado que el servicio mejore.
