La historia la hacen los pueblos y las personas individualmente, de acuerdo al contexto en el que se desarrollan los sucesos.
En una reciente audiencia en la que ha sido nuevamente sometida a vejámenes, la expresidente constitucional Jeanine Áñez acaba de escribir una página, que será motivo de comentarios por parte de especialistas, abogados, intelectuales y sobre todo políticos.
El juez sin rostro, o si usted prefiere el juez infame Heber Gonzalo Torrejón ha ordenado una nueva detención preventiva en audiencia en la que Áñez estuvo en total indefensión.
Este juez, sin reparo legal, moral y humano, procedió a dictar el “fallo” de la ignomia, sin respetar el debido proceso, el juez natural, la presunción de inocencia y otros institutos más del estado de derecho.
El poder político con toda su fuerza se estrella contra de una mujer sola y abandonada hasta por sus antiguos adulones. En ella se centra gran parte del odio, resentimiento y complicidad impune de los autoritarios. Es una importante víctima más del terrorismo de estado que encarcela a todos los opositores, en su imposibilidad de justificar su corrupto e inepto manejo de la cosa pública.
La ampliación de la detención preventiva de Áñez, ha producido una reacción de relevancia. En su dolor e indignación la expresidente ha mostrado el camino a seguir por todos los encarcelados políticos por el gobierno de Arce Catacora.
Su frase es valiente “Hagan lo que quieran, pueden darme la pena de muerte si quieren o cadena perpetua por agradar a sus jefes políticos. A mi déjenme en paz.” Es una impronta a sus verdugos en plena mejilla, así le respondan con frases conocidas, que ella tiene todas las garantías para defenderse, que se han cumplido todos los procedimientos señalados por ley, que si no tiene para contratar un abogado el Estado le asignará uno, que la medida es cautelar para evitar su fuga, etc.
Esta cadena de frases del oficialismo ha caído al vacío, ya no son creíbles, el autoritarismo ha sido puesto al desnudo, su pantomima de enjuiciar a opositores con la presencia de jueces, fiscales, tribunales y funcionarios auxiliares no es garantía de una administración de justicia correcta ni legal, sino una manera de martirizarlos.
Áñez ha develado que con juicio o sin él, con abogados o sin ellos, con pruebas o sin ellas, ya tiene sentencia condenatoria dictada en su contra, por lo que seguir cumpliendo con los procedimientos tortuosos solo le otorgan al gobierno un aura de supuesta legalidad a sus viles actos.
Esta nueva estrategia en la lucha contra el poder político abusivo, da luces sobre el camino a seguir y debería ser explorado por todos los presos políticos.
García Linera en el pasado dio la linea a los autoritarios, “sométanse no más a proceso, si son inocentes podrán demostrarlo en juicio ante un juez” Todos le creyeron y no les quedó otra que seguir el camino señalado por el verdugo.
Primer paso, declarar en la policía en presencia de un fiscal, con abogado defensor incluido, suponiendo que serán escuchados. Mentira la policía y el ministerio público son instrumento al servicio del gobierno.
Segundo paso, declarar ante un juez y plantear acciones legales y constitucionales, otorgándoles a los jueces la calidad de autoridades imparciales. Falso son operadores de la impunidad del poder político.
Tercer paso, presentar pruebas, objeciones, incidentes, recursos, quejas para reponer la verdad. Grave error, la decisión ya esta tomada, todo este penoso procedimiento es para fingir legalidad en la defensa de los imputados.
Entonces someterse a las reglas del poder político, les da la posibilidad de humillar, escarmentar, degradar al enemigo preso. Se solazan con el sufrimiento moral de sus víctimas y sus familias, se sienten poderosos ante el pueblo indignado, les gusta sentir el terror que producen siguiendo el libreto gubernamental en procesos cuyo resultado esta dicho desde un principio.
Pedir a los presos políticos, que sigan la estrategia de la inermidad de Áñez, es un enorme sacrificio, que sin embargo podría conflictuar a los lacayos judiciales pues esperar un mínimo de justicia en las actuales circunstancias es una ilusión mientras no se cambie el poder político autoritario.
Es difícil decir cuánto tiempo más permanecerán en el poder, pero no es menos cierto que la lucha debe ser en todos los escenarios, en este caso, la cárcel es una trinchera, lo está demostrando Áñez.
La sociedad civil debe acompañar desde afuera esta valerosa decisión, con movilizaciones pacíficas pero enérgicas, denuncias, demandas, identificación de los policías, jueces y fiscales.
Los parlamentarios deben iniciar juicios de responsabilidades en contra de todas las autoridades vulneradoras de la constitución, demandar penalmente a todos los policías, jueces y fiscales serviles al poder político, a sabiendas que no serán admitidas, pero tendrán su valor en la acumulación de antecedentes para el futuro y en su presentación ante la justicia internacional.
Más temprano que tarde todos ellos estarán en el banquillo de los acusados.
