El 28 de diciembre de 1864, Mariano Melgarejo Valencia inició el gobierno más nefasto de la historia de Bolivia. El 26 de diciembre de 2010, mediante el Decreto Supremo 748, el presidente interino, Álvaro García Linera, aprobó un “gasolinazo” que incrementó el precio de los carburantes. El 28 de diciembre de 2022, un sector del MAS que gobierna Bolivia secuestró al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en una medida inesperada, insólita y atrabiliaria. Conocemos el desenlace de las dos primeras situaciones, y en estos momentos vivimos el escalamiento de la tercera.

Vemos cómo se incrementan las reacciones ciudadanas mientras el Gobierno, con una tozudez digna de mejor suerte, persiste en justificar la medida instrumentalizando todo su aparato institucional, represivo y mediático. Dejando de lado las especulaciones que la escala técnica del secuestro tuvo un cambio de aeronave en el Chapare para ofrecer el trofeo a Evo Morales, lo que está quedando claro es que el Gobierno no evaluó en toda su dimensión las consecuencias políticas de la ejecución del mandamiento. Dos situaciones anteriores le servían de mal antecedente para suponer que esta también podría ser controlada: el apresamiento de Leopoldo Fernández y la detención de la expresidenta transitaria constitucional, Jeanine Áñez, en las palabras del hoy presidente Arce.

Escuchamos análisis que tratan de explicar las razones por las cuales el Gobierno aplicó la detención el Día de los Santos Inocentes. Se han producido relatos sobre el MAS que, estando en su peor momento interno, buscó una acción que obligue a las facciones alinearse con el Gobierno, frente a la previsible reacción de Santa Cruz, forzando una unidad con sabor a chantaje. Las sistemáticas declaraciones de Carlos Romero, del propio expresidente Morales y el silencio del vicepresidente Choquehuanca demuestran que el objetivo no ha sido logrado.

El Gobierno, esperando una reacción de violencia por parte de los cimarrones, levantiscos e insurgentes cruceños, pretendió aplicar una medida de aislamiento tratando de calificar la reacción como sedición. Posiblemente calculó, mal otra vez, la vulnerabilidad coyuntural de los conductores de los 36 días, pues Camacho y Calvo estaban con acciones legales, y el rector Cuéllar se encontraba en el exterior por razones de salud. Esta situación desconoció la capacidad organizativa y de movilización autónoma de la sociedad civil y la ciudadanía de Santa Cruz expresada en vigilias de mujeres, marchas de universitarios, respuestas de los jóvenes a la violencia gubernamental, y, para asombro externo, hasta una masiva jornada que compartió un perfumado churrasco cerca del Comando policial.

Habrá que repetir que nunca habíamos visto un despliegue de violencia gratuita tan generosa y absurda, sintetizada en la expresión del oficial de Policía que en la gasificación de la madrugada del 1 de enero expresó con un entusiasmo orgásmico y con el fondo de las explosiones: “Feliz año nuevo camaradas, le estamos sacando la m… aquí a estos cambas h… de p… ¡Felicidades!”.

En síntesis, en cualquiera de los escenarios, la apuesta del Gobierno solo ofrece el camino de la violencia y el avasallamiento de un pueblo consciente de su dignidad. Resulta doloroso reconocer que quienes persistimos en la búsqueda de diálogo y la tolerancia desde la ciudadanía nos estamos quedando sin argumentos frente a la violencia estatal.

Hemos llegado a un punto de confrontación que ya no podemos desconocer en palabras que plantearían un no retorno. La dirigencia de Santa Cruz, como demanda nacional, está siendo interpelada para pasar del liderazgo de la defensa a la conducción de un proceso democrático, de desarrollo y de trabajo, que es el único camino honrado que tiene Bolivia en este momento para distribuir excedente fuera de la corrupción y la función pública prebendal. La nueva narrativa demanda superar la reacción y el miedo sembrado, y que, recomponiendo los mensajes, plantee la necesidad de un Memorándum del Bicentenario, recuperando el ejercicio del poder y la política. 

La coyuntura exige racionalidad y una rectificación del Gobierno que se exprese en el retorno del gobernador Camacho a Santa Cruz y el ejercicio de la legítima defensa para él y los perseguidos, enjuiciados y detenidos políticos. Lo otro, es seguir por el camino del odio.