Informes sobre la presencia de guerrilleros o exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no son nuevos en Bolivia.
El tema volvió a ser puesto en la agenda pública por la revelación del nexo con las FARC del colombiano abatido en el Parque Noel Kempff Mercado; el vínculo fue negado, en las últimas horas, y atribuido a una versión de los medios de comunicación.
Al margen de las reacciones políticas, para nadie es un secreto, y menos en Santa Cruz, que día que pasa crecen las operaciones del narcotráfico de manera impune, alentadas por un poder fácilmente corruptible. Su matrimonio con grupos irregulares es visible, así como lo es también la acción de estos grupos, por ejemplo, en los avasallamientos en el oriente de Bolivia.
A propósito, el exministro de Gobierno de Colombia Héctor Riveros apuntó, en medios de comunicación nacionales, una realidad que ha sido señalada por abogados de las víctimas de sonados casos de narcotráfico: los residuos de las FARC se dedican al narcotráfico.
Para la exautoridad, operan de esta manera en Colombia, sin embargo, considera que no tendrían la “intención de expandir sus actividades” a otros naciones de la región.
¿Qué grupos irregulares están operando en Bolivia? Le corresponderá al Gobierno establecerlo porque, más allá de la negativa de la presencia de carteles, hay una realidad que salta a la vista
¿La política tiene parte en el negocio del narcotráfico como denuncian ministros y exministros señalándose? Hay, por lo menos, una omisión muy grave.
Este vínculo se reporta incluso a tiempos del primer gobierno de Banzer, en la década del 70.
El caso emblemático es la dictadura de Luis García Meza Tejada. Ese gobierno no solo tuvo vínculos con el narcotráfico, sino que su figura más importante después del presidente, el ministro del interior Luis Arce Gómez, ya era un importante traficante de cocaína antes de llegar a ese cargo. Ese y otros hechos convirtieron a Bolivia en un narcoestado.
Otro triste hito: en septiembre de 1986, la reducida expedición científica de Noel Kempff Mercado aterrizó accidentalmente en la serranía de Caparuch, un lugar donde funcionaba una gigantesca fábrica de cocaína conocida como Huanchaca. El científico y dos de sus acompañantes fueron acribillados por los narcotraficantes, pero el cuarto, Vicente Castelló, logró escapar. Al retornar, denunció lo ocurrido, pero las autoridades del gobierno de Víctor Paz Estenssoro poco o nada hicieron para movilizarse de inmediato y rescatar a las víctimas. Lo hicieron mucho después, luego de varias excusas, y, cuando se llegó hasta Huanchaca, se encontró que la factoría de droga había sido desmantelada. Estalló el escándalo conocido como “caso Huanchaca” que, finalmente, terminó sin responsables. El diputado cruceño que investigaba el asunto, Edmundo Salazar, fue asesinado.
Poco después, otro escándalo salpicó a otros políticos. El hallazgo de papeles personales de los narcotraficantes Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez revelaban supuestos vínculos con el Movimiento de la izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora. El “caso narcovínculos” determinó que el segundo hombre del MIR, Oscar Eid Franco, pase un tiempo en la cárcel.
La producción de droga ya no se limita al Chapare, sino que se ha extendido al altiplano y es un secreto a voces que los avasallamientos de tierras en el oriente están vinculados con la expansión de la fabricación de drogas en Bolivia. Han pasado 36 años y las cosas no han cambiado. (R)
