Transcurrieron más de dos semanas desde que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue aprehendido por un grupo de élite de la Policía. Desde entonces hasta la fecha, el país vive días de zozobra porque todos los síntomas, de uno y de otro lado, apuntan a una nueva crisis política con impredecibles consecuencias.

Luego de la detención de Camacho empezó la represión a los cruceños que, en determinados momentos, es respondida con la misma violencia, puesto que los abusos son reportados de ambos bandos. En tiempos de redes sociales y de información casi en tiempo real, el país ha sido testigo de la forma de actuar de los involucrados: golpeando a la gente que protesta, disparando gases lacrimógenos a quemarropa, destruyendo y quemando motocicletas, destrozando luminarias, entre otras muchas acciones que —de no haberse visto en imágenes— parecen increíbles y muestran un aparato estatal represor y violento, en vez de ser generador de seguridad y confianza.

Del otro lado, el pacifismo no es precisamente la norma. Han sido las mismas redes las que han mostrado abusos por parte de la gente que protesta y el caso más grave —que no es el único— ha sido el asalto a dependencias del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de Santa Cruz, donde funcionarios sufrieron abusos de grupos también radicales, que incluso aplicaron tortura a uno de ellos, violando no solo las normas de convivencia humana sino también leyes y tratados internacionales de los que el país es signatario.

Los días de violencia se apoderaron de Santa Cruz y solo menguan por periodos cortos de tiempo. No hay resquicio para la duda de que toda esta confusión se ha institucionalizado en atentados contra la propiedad pública y privada.

Es tal el grado de violencia que se ha generado que se tiende a culpar de un lado y de otro como los causantes de los desmanes. Entre encapuchados, atentados y autoatentados, Santa Cruz se queda ciega de posibilidades de paz, convivencia y discernimiento verdadero.

El cuadro se completa con desmanes y bloqueos de carreteras. Sin bien las protestas se han iniciado por la detención del gobernador Camacho, encarcelado por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a 35 kilómetros de La Paz, el encrispamiento ciudadano devino a consecuencia de un accionar abusivo de las fuerzas del orden.

En el bando de los que protestan, las presiones se mantienen inalterables. Hay bloqueos permanentes y se ha cortado el normal flujo de abastecimiento de productos provenientes de Santa Cruz. Se ha decidido, también, dejar de pagar impuestos y muchos comerciantes de Santa Cruz no están extendiendo facturas, lo que puede provocar un caos a la hora de hablar de multas y sanciones.

Debido a que se encuentra en medio del fuego cruzado, el sector más afectado es el de la prensa ya que son varios los reportes de periodistas agredidos, tanto de los medios que se han mostrado abiertamente hostiles contra el Gobierno como los medios estatales. Una persona ha llegado a decir que se debería matar a periodistas de un canal de televisión al que él considera opositor, mientras que los de Bolivia TV son hostigados en Santa Cruz, donde el canal estatal se vio obligado a dejar de transmitir su programación.

Todas estas son señales que afectan al Estado de Derecho y preocupan porque se corre el riesgo de caer en un estado de convulsión. Las partes involucradas deben hacerse responsables de lo que pueda ocurrir, de ahora en más, evitando que tal cosa ocurra.