Acaba de presentarse en sociedad el Informe Mundial 2023 del prestigioso Human Rights Watch sobre el estado del arte universal en materia de DDHH. Su capítulo dedicado a Bolivia, que abarca hasta el año pasado, concluye: “La injerencia política asoló el sistema de justicia de Bolivia durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (2006 - 2019) y la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020). El presidente Luis Arce (2020 adelante), no ha logrado impulsar la reforma judicial”. Resalta también que ambos gobiernos –de Morales y Áñez– presentaron lo que: “parecían ser cargos de motivación política contra sus rivales políticos” y que “después de ganar las elecciones del 2020, el presidente Arce dijo que el sistema de justicia debería ser independiente de la política, pero su gobierno no ha tomado medidas concretas para reformarlo”.
Se remite por ejemplo al informe de mayo de 2022 del Relator Especial de NNUU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, cuando concluyó que la interferencia externa en el sistema de justicia es un problema continuo y de larga data: casi el 50 % de jueces y el 70% de fiscales permanecieron “temporales”, por lo que carecen de seguridad en el cargo siendo vulnerables a represalias, incluido su despido arbitrario, si toman decisiones que desagradan a quienes están en el poder. Más claro, agua bendita.
Es decir, Human Rights Watch se suma a un conjunto de organismos internacionales, como el World Justice Proyect, el Grupo de Expertos Independientes del Sistema Interamericano y muchos otros, que sistemáticamente demuestran el deplorable estado del sistema de administración de justicia boliviano y, eso abarca el desempeño de todos los últimos gobiernos. Nadie se salva: cuando logran el Gobierno, hacen lo mismo que hace cinco minutos criticaban desde la oposición.
Probablemente para quienes estamos directamente involucrados en ese sistema, aunque el soberano lo sabe también perfectamente, ese valioso informe no sea una novedad, pues reitera lo que ya todos sabemos y sufrimos: la “justicia” boliviana no hace justicia, sino se ha pervertido en una máquina trituradora de derechos y garantías de quienes está obligado a tutelar y, está amancebado con quien debe controlar. Aunque excepciones aplican, pues conozco operadores que pese a todo desempeñan en términos aceptables su complicado rol; al final del día, y cuando se trata fundamentalmente de procesos de interés estatal o político partidario, es muy pero muy probable que el producto resulte completamente alejado no solo de lo justo, lo legal, constitucional o convencional, sino hasta del sentido común. Acuérdense del “derecho humano” del TCP en favor de su jefazo.
Lo peor de todo es que pareciera no haber luz al final del túnel. Suelo ser optimista –dicen que lo somos, los pesimistas bien informados– pero a la vista que no debe haber una sola persona, peor abogado que no coincida en la extrema urgencia de una genuina reforma al sistema que no sea con bótox para presentarlo más pintudo cosméticamente, sino hacia sus estructuras y esencias; resulta que lo único que ha habido son deliciosos discursos, reuniones, sesudos informes, algunas “nuevas” leyes y alguno que otro sistema –ciudadanía digital, muy plausible– pero al final del día, el estado del arte está no solo igual, sino peor.
Actualmente, existen dos interesantes iniciativas planteando salidas al entuerto que la CPE nos ha metido –y podría por 3ª vez, continuar este año– pero solamente sobre el sistema de elección de altos cargos del Judicial. Los Juristas Independientes están recogiendo firmas para su propuesta –van contra el tiempo y las vallas que el “stablishment” les va sembrando– y la senadora Silvia Salame acaba de presentar a la ALP un proyecto de ley para cambiar en alguna medida ese sistema, fracasadamente demostrado. El candado constitucional en la materia es, definitivamente, un lastre que profundiza el desastre.
Empero, esa debacle del sistema es tan jodida que esas iniciativas están apuntando simplemente a uno de los factores, muy importante y gravitante, pero no el único que afea nuestra justicia. La forma de elección de altos cargos, más lo que todos los informes sobre su estado nos muestran, es que requerimos de muchísimo más: se trata del sistema de administración de justicia, no solo integrado por esos altos cargos, sino pasa por la Fiscalía, la Policía (ningún gobierno se atrevió a reformarla, pese a su apestoso estado) y una serie de entidades que indirectamente forman parte del sistema: Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Defensorías de la Niñez y Adolescencia; sistemas de protección a las mujeres, etc. Entonces, la lista es larguísima y las tareas son monumentales. ¿Existe genuina voluntad política de los actores de todos los colores para hacerlo? ¿Qué estamos haciendo y permitiendo como ciudadanos? “Uno no es responsable solamente de lo que hace, sino también de lo que deja hacer a los demás. Aquel que permite que a otro le roben su libertad, termina por perder su propia libertad. Aquel que permite que a alguien le quiten su dignidad, terminará por perder su propia dignidad” (Nicolas Bouvier).
