La mediación nace de una necesidad, la de facilitar una salida concertada a un conflicto o un problema de difícil solución. Cada cierto tiempo más o menos regular, Bolivia atraviesa por etapas de incertidumbre, si no es con paros, al menos con movilizaciones ciudadanas. De ambos casos tenemos ejemplos registrados no hace mucho en Santa Cruz.

Cuando eso ocurre, más allá de la legitimidad o no de las demandas de los sectores manifestantes, las posiciones suelen mantenerse inalterables y el país entero se perjudica. Por lo general, lo que en esos casos sucede es la ausencia de negociaciones y, por el contrario, con el paso de los días se ahondan las diferencias.

¿Qué hacer en situaciones complejas como estas?

Una institución mediadora, cualquiera sea, aceptada por las partes enfrentadas, ayuda a posibilitar el fin de un conflicto que, sin su concurso, podría parecer de imposible solución.

Lo mismo ocurre con la figura del facilitador del diálogo, que debe ser alguien (una persona, una institución) respetado(a) por la sociedad, en lo posible imparcial, es decir, cuya posición no se incline hacia ninguno de los dos implicados en la problemática.

Hace años que se viene prescindiendo de esta figura importante en democracia no solo por la necesidad de contar con una institución o personaje capaz de resolver lo que las partes en disputa no pueden, sino por la necesidad de confiar en alguien. Tan básico y tan indispensable como eso.

Distintos sectores se movilizan, pero la historia es siempre la misma. Si no son cívicos, pueden ser transportistas, médicos o profesores. El diálogo suele brillar por su ausencia y los gobiernos —quizá por la vieja estrategia de “cansar” a los manifestantes, esos que en la década del 70 del siglo pasado estaban amparados por sindicatos fuertes— no hacen los esfuerzos necesarios para instalarlo.

Gobiernos y sectores en disputa parecieran estar dispuestos a morir con sus posturas irreductibles.

A veces se confunde y desde la misma sociedad, polarizada políticamente, da la sensación de que todo se reduce a la búsqueda de culpables, o de responsables. De lo que se trata ahora, en tiempos de desencuentro, es de apelar a la buena voluntad y al desprendimiento. Ambas partes deben ceder para, primero, aceptar definitivamente la urgencia de sentarse a dialogar y, una vez conseguido esto, alcanzar un punto intermedio de modo tal que, al final de este proceso deseable con uno o más mediadores, nadie sienta que ha perdido.

No sirven tampoco las provocaciones, los llamados unilaterales a sectores afines para echar más leña al fuego. Lo que sí aporta, en el ánimo de encontrar una luz al final de este negro túnel de la intolerancia es, sin dudas, abrir los oídos a la palabra del que no opina como uno y hacer el esfuerzo de intentar comprenderlo. Esto no significa llegar a pensar como él, o cambiar de idea, simplemente implica prestar atención a las propuestas ajenas y considerarlas para tenerlas en cuenta a la hora de las conversaciones. Lo indispensable es que esto sea un ejercicio de todos los involucrados, sin excepciones.

Los políticos, que suelen acaparar este tipo de conflictos, se caracterizan por encapricharse ante escenarios en los que ponen en juego algo más que su prestigio: el poder. La ciudadanía debe mantenerse alerta frente a las actitudes intransigentes de los liderazgos —tanto políticos como cívicos— que no solo demuestran inmadurez, sino que le hacen un flaco favor a la democracia.