Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en el país y hoy, jueves, llega a Sucre, como parte de su trabajo de evaluación de los avances del Estado boliviano en relación con las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de septiembre a diciembre de 2019.
Aquellos expertos llegaron en su momento para investigar lo ocurrido hace poco más de tres años. Ahora, una nueva comitiva, encabezada por el comisionado de la CIDH, Joel Hernández, hace seguimiento a las sugerencias de cambios realizadas por el GIEI.
Recordemos que miembros del GIEI investigaron los hechos de violencia suscitados en 2019 durante ocho meses, cuando constataron la polarización política existente en Bolivia; algo que, incluso, se ha visto reflejado inmediatamente después de la presentación del Informe del Grupo, con reacciones a favor y en contra.
Entre otros apuntes destacados, el GIEI, en su informe del 23 de julio de 2021, hizo énfasis en un grave problema por el que atraviesa el país desde hace muchos años: la falta de independencia de instituciones claves para el buen estado de la democracia nacional.
“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, se puede leer en su documento.
Precisamente este miércoles, la misión de la CIDH tiene previsto reunirse con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional; también con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y con víctimas de los hechos de 2019. A ellos seguramente les harán consultas relacionadas con los avances esperados tras las recomendaciones del GIEI.
“El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”, dice también el referido informe. ¿Cuánto se ha avanzado en la materialización de estas observaciones desde el periodo analizado (los últimos cuatro meses de 2019) hasta ahora? Es lo que seguramente nos dirá la misión de la CIDH que en estos días visita el país.
Cabe recordar también que se hicieron recomendaciones puntuales: “al Estado boliviano”, “al Estado y a toda la sociedad civil boliviana”, y “al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Una de ellos, señalada como punto 31, dice lo siguiente: “Promover diálogos que apunten a a) adoptar acciones claras de lucha contra la pobreza estructural, b) generar espacios de consenso y diálogo que permitan trabajar un sentido de destino común en la diversidad, c) integrar la perspectiva urbano-rural, d) profundizar el proceso de análisis y comprensión del “otro”, e) desnaturalizar el orden patriarcal que implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas”. ¿Cuánto hemos avanzado en estos sentidos?
