Una de las principales cualidades que se espera de los gobiernos democráticos es la transparencia. Por transparencia se entiende la disposición de los gobernantes de no interponer ningún tipo de tapujos entre sus actos y la ciudadanía, de modo que esta pueda conocerlos, fiscalizarlos, criticarlos y, si es necesario, censurarlos.
Eso cabe esperar de cualquier gobierno, incluido, por supuesto, el de la Bolivia actual que, por una parte, es el resultado del ejercicio democrático del voto y, por otra, se desenvuelve en un momento en el que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información permiten que los gobernantes exhiban sus actos ya no solo para ciertos sectores, como el de los políticos y periodistas, sino para el gran público en general.
Los hechos, sin embargo, han mostrado hasta ahora una realidad completamente diferente. La transparencia no solo que no ha sido uno de los rasgos característicos de los tres últimos gobiernos, sino que es uno de los muchos asuntos en los que se han dado pasos atrás.
Basta ver las páginas electrónicas o sitios web de las principales reparticiones y empresas estatales para comprobar que la información sobre la manera en que disponen de los recursos a su disposición escasea o, directamente, está oculta.
Esta situación comenzó en el gobierno de Evo Morales, coincidiendo con el escándalo surgido en los días previos al referéndum de 2016, cuando se divulgó la existencia de una partida de inscripción de un niño en la que los nombres de los padres correspondían al entonces presidente del Estado y a Geraldine Gabriela Zapata Montaño.
A partir de ese hecho, que tuvo efectos en los resultados de aquella consulta ciudadana, el manejo de los datos del Registro Civil, hoy denominado Servicio del Registro Cívico (Serecí), ha cambiado notablemente. La base de datos de este registro es un secreto guardado bajo siete llaves y cualquier divulgación no autorizada es considerada una “filtración”. Entonces, mientras otros países han transparentado la información de su registro civil, al punto de subirla a las plataformas de internet, en Bolivia hemos retrocedido décadas puesto que, desde el hecho antes mencionado, esa información ya no está al alcance del público.
Cabe recordar al respecto que dos decretos supremos norman la transparencia de la gestión pública. Uno es el D.S. 27329, que “tiene por objeto el de procurar la Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental” y el otro es el 214, promulgado por el mismísimo Evo Morales, el 22 de julio de 2009 con el nombre de “Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.
El 27329 establece, en su artículo tres, que “todas las instituciones del Poder Ejecutivo tanto a nivel central como descentralizado, autárquico y desconcentrado (deben hacer) públicos, a través de las respectivas páginas electrónicas y/o por cualquier otro medio alternativo de cada ministerio, prefectura y entidad desconcentrada”, la siguiente información: presupuesto aprobado, número de funcionarios y personal eventual; términos de referencia del personal contratado; objetivos y metas planteados en los respectivos POAs; reportes anuales de ejecución presupuestaria y planes anuales de contratación de bienes y servicios.
Como se puede comprobar visitando sus páginas electrónicas, ninguna entidad pública, de ningún nivel de gobierno, cumple con esa obligación. (R)
