En gran medida, las raíces de todo cuanto en estos momentos ocurre en el país se hallan en el rezago económico, social y cultural. Todavía hay sectores de la sociedad en los que la extrema pobreza hace de tapón a la educación y la información, bienes relevantes en los tiempos de hoy, manteniéndolos al margen de principios y valores que, como la convivencia civilizada traducida en el respeto y la tolerancia a las ideas de los demás, referente esencial del pluralismo ideológico y político, constituyen las bases de la democracia moderna.

No es cierto que tales sectores representen la mayoría demográfica y política del país. A diferencia de la Bolivia de las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado, que era predominantemente rural, la actual es mayoritariamente urbana. El 70 por ciento de la población total vive en las ciudades, mientras que el 30 por ciento restante en las zonas rurales.

Y es justamente en las zonas rurales, particularmente en las del altiplano, los valles y el subtrópico cochabambino, que respecto al mando sigue prevaleciendo una mentalidad “comunitaria”. Es decir, de comunidad que se sobrepone el individuo en la dirección que trace el mandamás. Se castiga severamente a cuantos desde el plano grupal o individual contradigan a este y a aquella. Casi siempre la pendencia y la confrontación caracterizan las relaciones intercomunitarias.

Por circunstancias coyunturales que varios analistas políticos ya analizaron hasta el cansancio, la mentalidad comunitaria llegó al poder político a la grupa de una emergencia procedente justamente de este predio social. Se engancharon a esta intelectuales de la izquierda clásica, la misma que igualmente nunca simpatizó con la democracia. No solo una, sino decenas de veces la mentalidad comunitaria dejó su impronta autoritaria en bloqueos de caminos y carreteras, realizados con absoluto desprecio al derecho que asiste a los demás al libre tránsito y demás libertades individuales. En las calles, plazas y carreteras, con chicote, piedras y palos obligaron a muchos a hacer cuanto ella quisiese o a respetar sus designios.

No podían ser más lamentables las consecuencias del referido arribo. El autoritarismo asciende de los lares de la marginalidad social a los más altos niveles del Órgano Ejecutivo. Se delata no solo en declaraciones, sino también en actitudes y hechos de los hombres del oficialismo.

No se admiten discrepancias y, si estas le salen al frente, las quieren doblegar a todo trance, ya no con chicotes, palos y piedras, sino con cocaleros y campesinos organizados en “grupos de choque”.

Ahora más que nunca cobra rigor la necesidad de acabar con la exclusión social causante de desniveles tan desiguales, en lo que respecta a conciencia y vocación democrática en Bolivia. No lograremos eso con la confrontación. Tampoco con estrategias de hegemonía política total que apuestan a la carta del autoritarismo y la violencia contra el adversario político.

Solo alcanzaremos tan ansiada meta con paz y normalidad social, pero, sobre todo, con gobernantes que entiendan de una vez por todas que la solución a los problemas nacionales está en planes de desarrollo que garanticen crecimiento económico cierto y sostenible. El suficiente como para disponer del excedente que requiere la atención de la cuestión social, educativa y cultural. Esa en la cual debemos empezar a avanzar si queremos que en Bolivia la democracia moderna se afirme a escala integral.