Olga Flores Bedregal ha dedicado toda su vida adulta a esclarecer el asesinato y la desaparición forzada de su hermano Carlos cuando el golpe militar del dictador García Meza.
Durante 42 años ha recurrido a un sinfín de instituciones en busca de información y justicia hasta que finalmente logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una sentencia. Esta dice que el Estado boliviano es responsable de la desaparición de su hermano y tiene la obligación de dar información y devolver los restos.
Era julio de 1980 y Bolivia fue víctima del golpe militar del dictador García Meza. Carlos Flores Bedregal junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros se reunieron en la Central Obrera Boliviana para analizar la situación.
De pronto unos paramilitares descendieron de unas ambulancias, allanaron la sede y dispararon a rajatabla a los allí presentes.
Carlos Flores y Marcelo Quiroga entre otros, resultaron heridos y trasladados a lugar desconocido. Desde aquella mañana fatal, nunca más se supo de dichas víctimas.
Carlos Flores Bedregal, de apenas 28 años, era un carismático dirigente, diputado por el POR y con un brillante futuro político.
Ese día empezó el calvario para la familia Flores que tras ver la desaparición de Carlos, decidieron reclamar su paradero en aras de la justicia.
Desde su vil asesinato, su familia vive un duelo permanente porque no hay peor condición que la del desaparecido ya que cualquier hombre muerto merece un entierro digno.
Han pasado más de cuarenta años, y tras esfuerzos sobrehumanos, desilusiones dolorosas y gastos infinitos por parte de la familia Flores Bedregal, la CIDH dio su dictamen, pero el calvario no termina allí.
La sentencia no solo responsabiliza al Estado boliviano sino que sienta un precedente de obligatoriedad a los Estados miembros de esclarecer las desapariciones. Caso contrario, incumplirían el protocolo de San José.
La sentencia, de igual manera, da la oportunidad a los familiares de los desaparecidos a apelar a dicha instancia con el fin de que el Estado brinde información sobre las víctimas.
Un ejemplo es el caso Iguala en México el 2014, cuando 43 estudiantes de un colegio desaparecieron y aun no se sabe de ellos.
Si bien en inicio la CIDH ha hecho un acto de justicia, el calvario de Olga Flores continúa ya que al Estado boliviano le toca desclasificar los archivos en el plazo de un año y se los dé a conocer a la familia y a la opinión pública.
En el caso de Carlos Flores, el Estado tiene la obligación de crear una comisión, se esclarezca el caso y se realice una reparación moral y material.
Durante más de 40 años, el Estado boliviano ha hecho abstracción del caso de Carlos Flores Bedregal de la vida política y pública.
No debe existir información reservada más aun en un caso como el mencionado. Bolivia tiene los niveles de transparencia de información más bajos del mundo.
El Gobierno debe dar a conocer los archivos. Esto significa reconocer el derecho a la información que compete a los bolivianos por principio y por convenios internacionales suscritos.
El fallo de la CIDH es en apoyo de la gente consecuente en la defensa de la vida y un homenaje a la vida de Carlos Flores que murió en defensa de sus ideales.
El Estado boliviano debe cumplir el fallo de la Corte que es de cumplimiento obligatorio e inapelable.
