El primer intento de descentralizar constitucionalmente el país se dio en la Asamblea Constituyente del año 1967, que funcionaba también como Congreso Ordinario; se lo escribió en los artículos 109 y 110 del texto; fue lo más lejos que se pudo llegar. Cuando Barrientos Ortuño se enteró, convocó a sus constituyentes/parlamentarios y les advirtió que no habían llegado hasta donde llegaron para dividir el poder y… ahí quedó.
No fue, sin embargo, en vano; los artículos quedaron escritos y, desde entonces se los citaba como un objetivo a lograr.
Veamos lo escrito:
Artículo 109°.- Autoridades político-administrativas:
En lo político-administrativo, el Gobierno Departamental estará a cargo de los Prefectos, quienes representan al Poder Ejecutivo, teniendo bajo su dependencia a los Subprefectos en las Provincias y a los Corregidores en los Cantones.
Las atribuciones, condiciones y forma de elegibilidad para estos cargos, así como la duración de sus periodos serán determinadas por ley.
Artículo 110°.- Descentralización administrativa:
El Gobierno Departamental se desenvolverá de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa que establecerá la ley.
Tozudos como somos los cruceños logramos que la descentralización administrativa se manifieste de otra manera: por la vía de la promulgación de la histórica Ordenanza Municipal No 31/84 en la que se convocó a la elección de Concejales Municipales mediante voto popular (el centralismo la calificó de sediciosa). Eso se hizo de la mano de Oscar Barbery Justiniano: con el apoyo del Comité pro Santa Cruz se dejaba claro que, si algo buscaba este departamento, era desligarse del “dedo” centralista (16 de marzo de 1984).
Luego, fueron Rubén Costas, Germán Antelo y Branko Marinkovic, desde el Comité pro Santa Cruz y luego el propio Costas por la vía de la Prefectura, que lograron la autonomía, que impuso el pueblo cruceño, al lograr las 500 mil firmas para ir al referendo que las consolidó, así el centralismo haya usado al Sistema Constitucional para cercenar mucho de lo logrado en el Referendo correspondiente, pero se logró lo que muchos entendimos como un avance en lo que nos permitimos llamar: “la autonomía posible”.
Esto no se trata de hacer un listado del desarrollo político tan coherente que ha tenido Santa Cruz a través del tiempo, sino de marcar la necesidad de evitar que el centralismo meta mano en lo que hemos logrado con tanto esfuerzo y tras de tantos años.
El Gobierno (si es que así se lo puede llamar, Susana Seleme prefiere decir el régimen) decidió secuestrar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho (28/127/2022) con tontos argumentos que se caen por su propio peso. Pero lo tiene encerrado en Chonchocoro, ajustando y cediendo el régimen de visitas, violando sus derechos humanos e impidiendo cualquier posibilidad seria de que se pueda hacer gobierno desde allí, mientras sus seguidores (debiera escribirse colaboradores, pero ello es imposible porque actúan de manera obsecuente y sin ningún sentido político) insisten que puede gobernar desde allá, cuando es un hecho que aquello es imposible; no solo porque le dan “horas semanales” cuando quieren y se las quitan “cuando les da la gana” y, además, porque violan el Estatuto Autonómico cruceño del 2018, en sus artículos 10: ”la sede del gobierno departamental autónomo es la ciudad de Santa Cruz” (ni siquiera el departamento) y el artículo 25 que establece que ante la ausencia del gobernador, asume el (la) Vicegobernador (a).
Solo en la administración política de Creemos creyeron que nos podían convencer, como aquella de que la ausencia del Gobernador podían llevarla al derecho civil, que es privado, cuando en materia de administración de Estado, estamos hablando de derecho público, pero, ahí van, con su tozudez, con celos o intereses propios, repitiendo a una sola voz que Luis Fernando Camacho sigue siendo Gobernador en ejercicio sin darse cuenta, o por ahí, sin importarles el grave daño que están causando porque esto lo están llevando al extremo de permitir que el Sistema Judicial, muy influenciado por el poder, dé paso a una acción de cumplimiento, que no es el camino adecuado para reemplazar al Gobernador, como bien lo marcó en el programa “Sin Compostura” el Dr. Raúl Parada, abogado constitucionalista.
Y la insistencia de muchos que sostenemos que el Arq. Mario Aguilera debe hacerse cargo de la “suplencia gubernamental” (art. 25 Estatuto) es porque dicha acción no sólo consolida al Gobernador en su cargo, porque Aguilera será el suplente, hasta que Camacho vuelva (si el proceso se hace en tiempo y justicia), sino que mantiene la Gobernación en manos del pueblo cruceño, sin darle chance al Gobierno de hacerse de ella.
No actuar de esa manera es no entender nada de política; estos no son momentos de medir fuerzas con el Gobierno que busca capturar (probablemente con la colaboración del TDE) la bancada indígena para avanzar en la toma de la Asamblea Departamental desde donde buscarán hacerle la vida imposible al Gobernador ausente o al suplente en ejercicio. En efecto, la intención del masismo/gobierno es desacreditar la gestión y la consolidación de la Autonomía y, al paso que van, de persistir Creemos en el error, lo van a lograr.
Está claro que, así la “acción de cumplimiento” no sea el camino para apurar las cosas en la Gobernación, las aguas bajan turbias, porque dependemos de una justicia tomada por el poder político (ver Informe GIEI), aunque siempre hay excepciones y es de esperar que este sea el caso, pero, de serlo, será simplemente postergar lo inevitable: el Gobernador debe ser suplido temporalmente, eso lo garantiza (reitero) en su cargo y nosotros, los cruceños que estamos con la autonomía y queremos al Gobierno y el centralismo lejos de ella, podremos respirar aliviados porque sabemos que lo que está en juego es la democracia local; el modelo de desarrollo y la profundización política de lo logrado hasta este momento.
No se debe poner en riesgo lo dicho arriba: “lo avanzado”; nadie en su sano juicio quiere al secuestrado gobernador fuera del lugar que se ganó (aunque no hayamos votado por él), lo que queremos es que se dimensionen en su verdadera medida las cosas y los hechos.
Santa Cruz, departamento es más importante que cualquiera de sus líderes, presentes, pasados y futuros; ellos están para darle al departamento lo mejor que tengan o puedan y ese es el rol del prisionero de Chonchocoro injustamente detenido.
Leopoldo López, político venezolano con muchos años de cárcel, pidió, en El Deber del pasado domingo, no dejar en el olvido a Luis Fernando Camacho; de sus seguidores depende aquello, no del cargo que se quiere “mantener simbólicamente”, porque a decir verdad no lo ejerce y si lo hace, es muy disminuido y eso no es correcto ni justo para Santa cruz, que necesita una autoridad a tiempo completo. Sostenemos que, mientras no haya suplente gubernamental, el Gobierno buscará ponerle cada vez más trabas para debilitar al departamento; la suplencia, reitero, permite al departamento avanzar en autonomía.
Que el Gobernador, mientras tanto, pelee por su derecho de defenderse en libertad y en Santa Cruz, desde donde ya dijo que no se va a ir y, sería bueno que insista en lo de la cámara de video instalada subrepticiamente por el poder; ese es un tema pendiente que no puede quedar así, porque desde la cárcel, el Gobernador debe pelear por los DDHH propios y de los demás detenidos; causas no le van a faltar, mientras de molestar al poder se trate.
