“Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información accesible para conocer la verdad, y nunca hubo tanta gente negándose a verla”. Esta cita me vino a la cabeza después de leer sendos documentos recientemente publicados por las oficinas en Bolivia del Sistema de Naciones Unidas (SNU), el primero, y por Oxfam Internacional, el segundo. Ambos casos, ayudan a entender por qué los expertos en desarrollo hablan del “inexplicable elusivo desarrollo”. Me explico.
Comentaré ahora el documento del SNU (Marco de Complementariedad de NNUU para el Vivir Bien 2023-2027). Detalla la programación del SNU de las tres “prioridades estratégicas” (bienestar de las personas; economía diversificada; y gobernanza con cohesión social) a ejecutar en “el marco de las prioridades de desarrollo del Estado boliviano”: la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El documento lo firman Sergio Cusicanqui, Ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Susana Sottoli, Coordinadora Residente del SNU, y 18 funcionarios representado a “entidades residentes con acreditación operacional y programática”. Son 20 profesionales –altamente calificados, que ponen la firma en un Acuerdo, que creo, tiene limitaciones como instrumento de orientación estratégica y de planificación operativa.
De inicio, la AP2025 y los PDES 16-20 y 21-25 no configuran una estrategia de desarrollo y, menos, marcan la ruta crítica que debemos seguir para el desarrollo. Desde 2016, uso esos documentos en cursos de maestría y doctorado en un par de universidades, como base para promover, entre los profesionales, el análisis realista que los habilite para diseñar políticas y proyectos de desarrollo productivo con empleo digno, inscritos en marcos estratégicos nacionales.
Del medio millar de profesionales que participaron hasta ahora, un 70% eran –o son, funcionarios públicos mayormente alineados con el MESCP; menos del 5% ha leído la AP2025, y prácticamente nadie los PDES. Luego de analizarlos, todas las opiniones profesionales coinciden en que estos documentos no distinguen entre causas, problemas y efectos, por lo que se limitan a sumar deseos y buenas intenciones, expresados en metas declarativas.
Los 17 ODS tampoco marcan una ruta crítica al desarrollo, y las relaciones causa-efecto entre ellos, muestran superposición de temas y claros vínculos de causalidad y dependencia (que varían según los rasgos de cada realidad nacional), lo que implica que no deben abordarse “en paralelo” o al azar (en función de disponibilidad de recursos, de presiones políticas, o de preferencias académicas).
En general, pobreza y desigualdad son consecuencias, no problemas ni, mucho menos, las causas. Las prioridades en el documento del SNU están relacionadas causalmente: el vivir bien o el bienestar de las personas en salud, educación y acceso a servicios básicos, es resultado de una economía capaz de generar ingresos para las familias y los recursos necesarios al Estado para mantener la capacidad y la calidad de esos servicios; pero para que la economía se desarrolle creando valor –económica y ambientalmente sostenible, la condición sine qua non es la calidad y pertinencia de instituciones comprometidas con una visión social compartida de desarrollo: se requiere más de una generación para crear estas condiciones, y otras más para consolidarla. Frente a esta realidad, parafraseando al tango, “cinco años es nada”.
En la cruda realidad boliviana, la debilidad institucional estructural promueve acciones aisladas en función de intereses –políticos, corporativos y económicos, específicos. Tales acciones se nutren del extractivismo, e impiden configurar una economía diversificada inclusiva; el resultado es que, a nivel de las personas, ningún plan o programa asistencial –por grande que sea el bono, mitiga o revierte el daño de la corrupción, el extractivismo, el contrabando, etc., que destruyen empleos productivos.
El documento del SNU, equivoca la secuencia de las prioridades estratégicas; sus indicadores y las discursivas metas, no siguen una ruta crítica; las acciones se rigen por “decreto mata problema”; las metas (cantidad de informes, de personas, actividades, decretos, etc.) no miden –menos califican, la pertinencia y calidad “pro desarrollo” de los resultados de esas acciones.
Por ejemplo, la Prioridad 2 (Economía inclusiva) tiene, como tarea reiterada, crear empleo. En la realidad, Bolivia debe crear 150 mil empleos dignos por año (750 mil hasta 2027) para acomodar a los nuevos entrantes al mercado laboral. El SNU, sin mencionar calidad del empleo, plantea bajar el desempleo femenino y juvenil reportado por el INE en 2021, en 1.5% al 2027 (crear 40.000 empleos). Pero el INE incluye en “empleo”, el lacerante cuenta-propismo forzado (auto-explotación laboral) que afecta hasta 85% de la población ocupada, lo que pondría la meta “útil” en unos 6.000 empleos. El PDES 2021-25 apunta a solo 7.500 “inserciones laborales” (no nuevos empleos).
Hay mucha, mucha más “tela para cortar”. Cierto, el SNU no es responsable de las (malas) metas que imponen los documentos oficiales, pero, sin duda terminará –como es habitual en el 3er/4to mundo, con guirnaldas, ceremonias y premios por exitosos “proyectos piloto” que nunca se institucionalizan, aunque Bolivia seguirá con los mismos niveles de pobreza y –seguramente, con mayor deuda.
El punto, es que sería mucho más eficiente –y ciertamente más útil, que la alta capacidad técnico-profesional que el SNU tiene comprometida con los pobres, asumiera la tarea de identificar las limitaciones técnicas y operativas en las “políticas del desarrollo” de los gobiernos. Al menos, a no validar, con su participación, acciones claramente no pertinentes y dispendiosas. Al final del día, como insistimos desde hace 30 años, nuestro bajo grado de desarrollo en el último medio siglo, no se debe tanto a falta de recursos o a la poca capacidad de trabajo, sino a malas políticas gestadas por la incapacidad de los políticos.
Estoy tan seguro, que pongo mi firma contra las 20 del Marco Complementario SNU-Gobierno, a que, en enero de 2028, podrá haberse cumplido escrupulosamente el Acuerdo, podrán haberse hecho cosas y financiado consultorías gastado cientos de millones de dólares, pero, en términos del bienestar, de la diversificación económica y productiva, y, sobre todo, de la gobernanza en Bolivia, nada habrá cambiado estructuralmente para mejor.
