Cada vez que llega el 14 de febrero y los bolivianos recordamos que en esa fecha, de 1879, Chile invadió militarmente territorio nacional, el argumento que se esgrime desde el vecino país es que la ocupación se produjo porque Bolivia incumplió el Tratado de Límites de 1874 al fijar un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Pero, los antecedentes de la Guerra del Pacífico están en la Confederación Perú Boliviana.
El 17 de octubre de 1837 se firmó el famoso Tratado de Paucarpata entre el general chileno Manuel Blanco Encalada y el Protector de la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Como se sabe, Chile se opuso tenazmente a esta unión y por ello decidió invadir Bolivia por primera vez.
Antes de la firma de ese tratado, el ejército confederado “pudo destrozar al ejército chileno invasor”. Años después, el 20 de enero de 1839, Santa Cruz fue vencido en Yungay y Chile inició su avance y usurpación de territorio boliviano, que contenía grandes riquezas de guano, salitre y cobre.
Como ejemplo, recordamos algo de lo que fueron las misiones diplomáticas. Ahí está la de José Santibáñez, que propuso el arbitraje para establecer los límites y la Cancillería chilena negó esa posibilidad.
Otras dos misiones, a la cabeza de ilustres potosinos, fueron las de Tomás Frías, quien recibió propuestas del canciller de Chile Manuel Antonio Tocornal para comprar territorio boliviano, mientras que Rafael Bustillo recibió en la capital chilena la sugerencia de “compra de territorio boliviano hasta el grado 23”. Pese a que iban definiendo los límites, la hábil diplomacia chilena había enviado otra misión a Bolivia para hacer otra negociación a espaldas del doctor Bustillo. En alguna oportunidad, el canciller Bustillo dijo: “La fuerza imponía silencio al derecho”.
¿Por qué hubo tanto prolegómeno diplomático? Porque Chile preparó la invasión con tiempo y, debido a ello, la ejecutó tan eficientemente.
La Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta era una empresa privada y el Gobierno chileno no tenía por qué salir a defenderla. Ese solo hecho demuestra que lo del impuesto de 10 centavos por quintal de salitre fue solo un pretexto.
Después de la guerra de 1879, algún plenipotenciario chileno afirmó que “nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones”.
Estas breves referencias permiten seguir sosteniendo que los gobiernos de Chile mantienen inalterable su oposición injustificada respecto al enclaustramiento de Bolivia.
Y no solo eso, sino —y esta es la parte más negativa— mantienen la falacia de que Bolivia nunca tuvo acceso soberano a las costas del océano Pacífico, tal cual lo hacen a la hora de hablar de las aguas del manantial del Silala.
Solamente como muestra: investigaciones y estudios de historiadores nacionales, entre ellos Valentín Abecia B., Fernando Cajías y Juan Siles Guevara, y de historiadores chilenos y de otros países, evidencian los derechos legítimos de Bolivia en la costa del Pacífico.
Sobre esa base, Bolivia debería de haber fijado una verdadera política de Estado con relación a la reivindicación marítima y jamás haber renunciado a tan justo como caro anhelo.
Esa política debería sentar por lo menos las bases históricas, económicas y geopolíticas para que Bolivia tenga un puerto libre y soberano en las aguas del Pacífico. Pero, en lugar de ello, se dio espacio a reacciones de índole político, o ideológico, que complicaron la situación nacional frente al Derecho Internacional.
