Ubicadas a escasos 156 kilómetros de distancia, las ciudades de Sucre y Potosí comparten historia y, desgraciadamente, un mismo destino de marginamiento por parte de los diferentes gobiernos centrales.
El camino asfaltado entre ambas ciudades —ahora más propiamente denominadas municipios— ha servido para acortar tiempos de viaje y ahora es una realidad viajar a una de ellas por la mañana y retornar en la noche.
Sin embargo, ese panorama alentador suele ensombrecerse debido al servicio que brindan algunas empresas de transporte interdepartamental de pasajeros cuyos vehículos, generalmente de modelo taxi, son conocidos como “rapiditos”.
Las estadísticas que maneja la Policía Boliviana, a través de sus organismos operativos de Tránsito, dan cuenta de que los accidentes en la ruta Sucre-Potosí son numerosos en relación a los que se reportan en otros caminos. La causa prevalente para ello es el exceso de velocidad. Como los vehículos que prestan el servicio son pequeños, aptos para viajar a mayor velocidad que otros de mayor tamaño, un alto porcentaje de sus conductores cede a la tentación de correr y, ahí es cuando se exponen a los accidentes.
Controlar a estas empresas es una tarea complicada por una cuestión de jurisdicciones. Como tienen sus bases en Sucre y en Potosí, escapan, así sea a medias, del control directo de las gobernaciones. La idea que se tiene es que solo se puede verificar lo que ocurre en el territorio departamental de cada gobernación y, aun así, ese control está confiado a los organismos de Tránsito. Por razones similares, las alcaldías tampoco intervienen en el tema.
¿Quién controla, entonces, a los “rapiditos”? La primera respuesta es el Viceministerio de Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, pero hay que esforzarse demasiado para advertir su mano reguladora en este servicio de carácter bidepartamental.
Debido a que no existe control, los pasajeros que toman el servicio de estos taxis no solo ponen en riesgo sus vidas, cuando los conductores deciden acelerar a fondo, sino, fundamentalmente, están sometidos a sus reglas y a sus tarifas.
Hay dos momentos totalmente diferenciados en este servicio: cuando lo ofrecen y cuando terminan de prestarlo. Al momento de ofrecer sus servicios, los dependientes de la empresa ruegan a los pasajeros para que estos accedan a viajar en sus “rapiditos”, y hasta lo hacen mintiendo al decir que solo falta un pasajero cuando a veces no existe ni uno solo. El panorama es muy distinto cuando se llega a destino ya que, la más de las veces, el conductor se niega a dejar al pasajero en su domicilio y lo lleva hasta la terminal o lo deja en alguna calle arguyendo diferentes razones. Ahí es cuando el o los pasajeros deben tomar un taxi hasta sus destinos finales, encareciendo el costo del pasaje.
El otro plano en el que no hay control es en el precio de los pasajes. Existe una tarifa estandarizada de Bs 50 por persona, pero esta sube cuando existe mayor demanda y llegan a cobrar 80 y hasta 100 bolivianos por persona. Es difícil quejarse cuando ocurre algo así porque, como se ha apuntado, no hay un ente regulador visible sobre estos servicios.
Los “rapiditos” llevan varios años prestando el servicio entre Sucre y Potosí, pero la calidad se ha mantenido estática: no ha mejorado. Salvo excepciones que confirman la regla, la mayoría de las empresas presta un servicio malo, muy lejos de los conceptos de calidad y calidez. Por el tiempo transcurrido, por el siglo en el que nos encontramos y por respeto a los pasajeros que los utilizan por decenas cada día, ya es tiempo de regular y ejercer control sobre estas empresas.
