En cuestión de días, el departamento de Potosí ha pasado a ser la región más conflictiva del país. Se mire por donde se mire, allí se encontrarán conflictos, disputas, reclamos y, como se puede advertir inequívocamente, las razones de la tensión son políticas.
El actual estado de cosas empezó el 23 de febrero, en un festival cultural que se desarrollaba en Cala Cala, Uncía, cuando una persona, que entonces era autoridad intermedia de ese municipio, le retiró al jefe del MAS, Evo Morales, la silla donde este pretendía sentarse. Ese hecho, que de inicio parecía simplemente una anécdota, desató una espiral de odio que, como se puede ver en los reportes diarios, no ha dejado de crecer.
En Cala Cala, el atrevimiento le costó caro al hombre que quitó la silla a Morales porque los acompañantes del exmandatario le cayeron encima y le propinaron una golpiza. Al día siguiente, como si lo sucedido hubiera sido el más grande crimen sobre la tierra, el caso fue analizado en un cabildo que determinó el mayor castigo en una comunidad: la expulsión. Por si eso no fuera poco, la sanción fue ampliada a la familia del implicado: esposa e hijo también recibieron golpes. La mujer estaba encinta y todo el estrés de lo ocurrido le provocó un aborto.
Parecía que la venganza había alcanzado su punto más alto, pero no. Los integrantes del ayllu en el que se encuentra Cala Cala tomaron el edificio de la Alcaldía de Uncía y lo tuvieron bloqueado durante por lo menos dos días, con funcionarios dentro. Como el funcionario de la silla ya había renunciado, los interventores justificaron sus acciones violentas señalando que pedían que se disculpe por lo que había dicho cuando contó a la prensa las agresiones que sufrió. Si nimio fue el motivo que desató tantas pasiones, baladí era también el argumento para la toma del inmueble.
Estaban frescos los sucesos de Uncía cuando, de pronto, la violencia se trasladó hasta la capital potosina. Una turba ingresó a la Brigada Parlamentaria y procedió a golpear a su presidente. La periodista que filmaba en ese momento, también fue agredida.
No se trató de un hecho aislado. En La Paz, senadores y diputados del MAS iniciaron una huelga exigiendo atención a las demandas de Potosí. Los dardos estaban dirigidos contra el presidente Luis Arce. Casi al mismo tiempo, otras medidas de presión comenzaron a ejecutarse en provincias. Caminos fueron bloqueados e incluso la planta de litio, en Llipi, tomada por gente que tenía un pliego de demandas.
Huelgas, paros, amenazas, agresiones físicas… demasiados hechos en muy poco tiempo, tantos que la duda no cabe respecto a coincidencias. Todo indica que era parte de un plan elaborado sin demasiado cuidado.
¿Qué fue lo que desató la andanada de presiones? La respuesta parece estar en un documento que la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al ala radical de Morales, emitió el 8 de marzo en respuesta al pedido de unidad partidaria que lanzó el presidente Arce, que lidera el ala de los renovadores. El inciso c) de aquel documento dice textualmente que “pedimos que se suspenda el despido de compañeras y compañeros identificados como leales al compañero Evo Morales y al proceso de cambio, impulsado por autoridades del Ejecutivo y la Vicepresidencia”. Lo que se puede colegir de esas líneas es que el cada vez mayor distanciamiento entre las dos facciones del MAS se deba a que muchos de los denominados “evistas” fueron despedidos y la reacción frente a esto son las medidas de presión y la violencia de los últimos días, además de que un hombre cercano a Morales, el excanciller Fernando Huanacuni, vio cómo se le escurría entre las manos el negocio del litio, en el que pugnaba una empresa china de la que su esposa era su representante.
