Debido a los efectos de los fenómenos naturales, el precio de la papa varió sustancialmente en las últimas semanas hasta llegar a niveles pocas veces vistos en un contexto de estabilidad económica. A fines de 2022, el prolongado paro de Santa Cruz impactó directamente en la producción de los alimentos que provienen de esa región. Si a eso les sumamos los intentos de los panificadores del sur del país de fijar el precio del pan de batalla en Bs 0,40 la unidad, nos encontramos con un panorama conflictivo vinculado directamente a los alimentos.

¿Cómo es que la simple pretensión de un sector, como el de los panificadores, puede desestabilizar el frágil anaquel en que reposa la política nacional de precios? Precisamente por su fragilidad, pero, al margen de ello, lleva a cuestionarse si los alimentos son un derecho, como señala incluso la legislación boliviana, o simple mercancía con la que pueden lucrar los productores y/o proveedores. Ahora último se agrega el incremento del precio del huevo, que también arrastra el encarecimiento de productos de mucho consumo como la hamburguesa.

En un contexto de crisis global que se presenta como sistémica o civilizatoria, por las esferas comprometidas y las dimensiones alcanzadas, esto es, por tratarse no de una crisis coyuntural ni meramente económica sino de una crisis múltiple en la que convergen la alimentaria, la climática, la ambiental, la hídrica, la social, la financiera y la política, Bolivia se enfrenta ante el reto de construir alternativas que garanticen la sustentabilidad de la vida y una plena soberanía en los ámbitos económico, político, social y cultural.

Uno de los aspectos estratégicos para el control y dominio de un país es el referido a la alimentación. Las naciones que son incapaces de autoabastecer el alimento de su población son vulnerables, y aquellas que mantienen a su pueblo en la pobreza y el hambre no pueden ser consideradas dignas. Bolivia, a lo largo de su historia, disputó con Haití los más altos índices de desnutrición y población en situación de pobreza de Latinoamérica.

Los datos para la región son escalofriantes. En 1992 existían en América Latina 94 millones de personas afectadas con deficiencia de hierro o anemia. Según estimaciones de la FAO, por lo menos el 30% de las mujeres embarazadas y entre el 20 y el 25 por ciento de los niños preescolares de América Latina sufrían de anemia debido a la deficiencia de hierro. Muchos de ellos eran bolivianos. Diez años después, en 2003, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años en Bolivia era de 32,2%.

En 2014, la eliminación de la pobreza extrema y sus consecuencias directas: hambre, desnutrición, enfermedades y muerte, fueron fijadas como los principales objetivos de la Agenda Patriótica para el año 2025. A esto respondían las propuestas de industrialización de los recursos naturales, de diversificación productiva y de soberanía alimentaria. Esta última cobra relevancia pues no se trata solo de asegurar la alimentación de la población, sino de hacerlo de manera soberana, es decir, de repensar la seguridad y la soberanía alimentaria en el marco del derecho humano a la alimentación.

Lo anterior implica fortalecer las prácticas productivas locales, fomentar la diversificación de la producción, proteger las variedades locales, garantizar el acceso al agua y a la tierra-territorio, fomentar y proteger las culturas y tradiciones alimentarias de los pueblos originarios. Es decir, modificar los hábitos de consumo y las prácticas productivas.

Todo lo anterior significa avanzar en la desmercantilización de los alimentos, concebirlos como derechos y no como mercancías, como dones de la Madre Tierra, no como objetos para el lucro.