La reforma constitucional introdujo, entre muchos otros cambios, la elección de autoridades del Poder Judicial, ahora llamado Órgano Judicial, mediante el voto. De entonces a la fecha tuvimos dos elecciones judiciales, en 2011 y 2017, con resultados que solo se podrían calificar de desastrosos puesto que la justicia boliviana está, ahora, más politizada que nunca.

Pese a que, aunque formalmente, no se incluye a los partidos políticos en el proceso, la verdad es que estos sí tienen participación plena así que, para ser magistrado o consejero judicial, primero se debe ser candidato y eso significa pasar por el tamiz de una organización política. Eso es suficiente para contaminar el resto del proceso: los elegidos responden al partido que los postuló, y no a la gente. 

Debido a eso, nuestra justicia está entre las peores del mundo. Como el Órgano Judicial es controlado por el partido en función de gobierno, entonces no hace justicia, sino que ejecuta instrucciones partidarias. Si el poder quiere eliminar a una persona, no tiene más que acusarla y enviarla a la cárcel bajo la figura de una mentirosa “detención preventiva”.

Por eso es que se ha estado insistiendo en una reforma judicial que, empero, es resistida desde el poder.

La modificación de la modalidad de selección de candidatos para las elecciones judiciales de octubre es objeto de tres iniciativas de distinto origen, que pugnan por prosperar.

Dos de ellas apuntan a conseguir la independencia judicial, comenzando por los altos tribunales, y la otra, a mantener el dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Órgano Judicial.

Esta última, traducida en una propuesta de reglamento la selección de candidatos a magistrados, proviene de asambleístas del ala renovadora del MAS, carece del apoyo de la facción rival y provoca la desconfianza de la oposición parlamentaria.

La experiencia de la elección del Defensor del Pueblo, en septiembre del año pasado, justifica esa desconfianza en un reglamento impuesto por el oficialismo para conservar su dominio en todas las instancias del Estado.

Las otras dos iniciativas para modificar el proceso de selección de postulantes a las más altas magistraturas apuntan al mismo objetivo: conseguir que los candidatos sean designados por sus capacidades, méritos y probidad, y no por su pertenencia partidaria ni su tendencia ideológica, como ha ocurrido en las dos elecciones judiciales pasadas.

Para ello, ambas plantean mecanismos y estructuras que eliminan el dominio pleno y exclusivo que tiene actualmente la Asamblea Legislativa en la conformación de las listas de candidatos a magistrados.

La primera de esas iniciativas apunta a una reforma más amplia del sistema judicial mediante referéndum. Es la propuesta de los Juristas Independientes que se puso en marcha en julio del año pasado y está en su etapa de recolección de firmas.

La otra es de Comunidad Ciudadana (CC) y se traduce en “un proyecto de Ley de Garantías, que establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional delega la preselección de candidatos (as) a una instancia que es un tribunal de méritos (uno en cada Departamento)”.

Podría pensarse que la iniciativa de CC va a perjudicar a la de los Juristas Independientes, pero no parece evidente, pues cada una de ellas se juega en un ámbito distinto: el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y la propuesta de referendo en la sociedad civil.

Por cuanto se trata de un asunto político, este se va a resolver por esa vía; es decir, en el Parlamento y las expectativas al respecto no son las mejores por cuanto CC ha anticipado que bloqueará los intentos del dividido MAS por elegir a sus candidatos.