De acuerdo a investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Laborales y Agrarios (Cedla) en la primera parte del presente siglo, los trabajadores informales representan nada menos que el 65 por ciento de la población económicamente activa en el país, lo cual resulta tan preocupante como indicativo de las dramáticas condiciones del empleo a nivel nacional.

En efecto, la existencia de un mercado informal tan numeroso revela claramente cuál es la real situación de las empresas privadas que, en lugar de generar nuevos empleos, como se preveía al comenzar el nuevo milenio, se vieron obligadas a reducir su personal por efecto de la crisis y de la falta de condiciones de competitividad con los productos internacionales.

De este modo, las filas de los desempleados se engrosaron de forma considerable en los últimos años, al punto de que el desempleo abierto alcanzó los índices más altos de la historia reciente de Bolivia (por encima del 11 por ciento, que equivale a unas 260 mil personas en edad de trabajar), en medio de una crisis económica que todavía no encuentra medidas de reactivación efectivas.

Asimismo, varios miles de ciudadanos —antes empleados por el Estado o por empresas que tuvieron que despedirlos— ahora se ven obligados a trabajar por cuenta propia como informales, con todo lo que esto conlleva: falta de estabilidad laboral, desamparo legal y de seguridad social, bajos ingresos, etc.  Por su parte, otra gran cantidad de personas tomó la arriesgada decisión de crear microempresas propias, las que demandan muchas horas de labor diaria y el pago de créditos con intereses elevados, y todo para obtener apenas una ínfima utilidad.  

Si a esto se añade el hecho de que la oferta de fuerza de trabajo crece a razón de aproximadamente 90.000 personas por año, y que el Estado no ha sido capaz ni siquiera de crear empleos de emergencia que hubieran podido paliar esta situación, el panorama que tenemos ante nuestros ojos resulta ser verdaderamente desolador. 

A decir de varios analistas, las causas profundas de estos hechos radican en la incapacidad del modelo en vigencia para cumplir las metas que se habían trazado al comenzar a implementarlo en el país. Independientemente de esta conclusión, que es tema de intenso debate, el caso es que hoy en día es altamente necesario que el Gobierno encare la búsqueda de soluciones integrales, si no estructurales, para el problema en cuestión.

Desde ya, toda ayuda que preste a la empresa privada para que pueda remontar su actual postración tendrá que repercutir, necesariamente, de modo favorable en la realidad del empleo, determinando, en primera instancia, que no haya más despidos que los registrados hasta ahora, y posteriormente que vayan generándose de forma paulatina nuevas fuentes de trabajo.

De forma paralela, las autoridades de las áreas económicas tendrían que ser capaces de diseñar e implementar estrategias destinadas a respaldar a los microempresarios y cuentapropistas, como ser planes de financiamiento —con intereses y plazos llevaderos— y programas de asesoramiento técnico para cualificar sus productos y reducir sus costos. De este modo, no solamente se estarían mejorando sus condiciones de empleo y de vida, sino que se ayudaría, además, a que miles de trabajadores informales abandonen el contrabando y la piratería, ingresando así al terreno de la legalidad.

Y, por último, habría que esperar que los sectores políticos, en estos días —como casi siempre— enfrascados en una sórdida pugna por el poder, se apiaden de esta dramática situación y, en consecuencia, asimilen la urgente necesidad de concentrar esfuerzos en la generación de empleos y la reactivación económica.