La importancia de la sede fue determinante para el conflicto por la capitalidad en Bolivia. Al fundarse Bolivia, se fijó a Chuquisaca como su capital poniéndole el nombre de Sucre y, por imperio de la Constitución, en Sucre, precisamente, es donde deberían funcionar todos los poderes del Estado.
Pero, a fines del siglo XIX estalló una guerra civil cuyo principal objetivo era llevarse la capital a La Paz. Triunfaron los denominados liberales —utilizando métodos reprochables cuyos detalles son dignos de tesis doctorales— y, aunque la capital no fue trasladada formalmente, sí se movió en los hechos. Autodenominándose “sede de Gobierno”, La Paz se llevó los poderes Ejecutivo y Legislativo y concentró las decisiones políticas.
Con el paso de los años las comunicaciones mejoraron y actualmente la condición presencial ya no es tan determinante como antes, así como tampoco lo son las distancias. Pero la cuestión de las sedes sigue influyendo.
Para muestra, un botón. Las oficinas centrales de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en la avenida Camacho de La Paz. Los lujos de los que gozó en sus mejores años fueron pagados, en gran parte, con las utilidades que generaba la explotación minera de Potosí. Y no solo los lujos fueron cubiertos con recursos potosinos: la abultada burocracia de la Comibol y su política de subvenciones se basaron en la minería del estaño que, a diferencia de lo que pasa ahora, estaba centrada en las minas del Cerro Rico.
Se abusó tanto que la autarquía minera se convirtió en una carga para el Estado. A la hora de implementar políticas de ajuste estructural —que, además, estaban orientadas a frenar la hiperinflación—, una de las primeras entidades estatales afectadas fue la Comibol, pues no solo se eliminaron las subvenciones sino que se echó a la calle a miles de mineros con el pretexto de una “relocalización” que nunca fue tal.
Empero, el siglo XXI llegó con una nueva realidad. El carácter cíclico de la minería se confirmó con una nueva bonanza económica que le devolvió a la Comibol el protagonismo que tuvo en los años del auge del estaño. Por ello, la vieja demanda de que las oficinas centrales de esa entidad se trasladaran a Potosí recobró vigencia.
El pedido no es nuevo, por cuanto se sustenta en el antiguo argumento de que Potosí es la región que más aporta en el rubro de la minería. Es cierto que el Cerro Rico ya no es el principal yacimiento de estaño, pero, en contrapartida, otros minerales, como el zinc, el plomo y la plata, mejoraron sus cotizaciones y, en consecuencia, la legendaria montaña sigue siendo la mayor productora. A ello hay que agregarles los megaproyectos mineros cuyas regalías elevaron los ingresos por la minería a niveles pocas veces vistos.
Por tanto, el pedido del traslado de la sede de la Comibol a la ciudad de Potosí está justificado.
En su momento, el Gobierno nacional no respondió negativamente a esta demanda, pero puso objeciones. La primera fue que un pedido semejante podría motivar un enfrentamiento entre Potosí y Oruro, el departamento mimado de Evo Morales. Finalmente, se tomaron en alquiler unos ambientes y se hizo una ceremonia de apertura de las oficinas de la Comibol en la Villa Imperial. Pero estas no eran más que una representación regional, similar a las que existen en Oruro y en centros mineros.
Esa apertura sirvió para contentar a una región que nunca presentó sus demandas cívicas con la energía necesaria.
El pedido sigue vigente, aunque ha surgido otro: que las oficinas centrales de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) estén en Potosí, a lo que se opone no solo Oruro —que aspira a lo mismo—, sino también las regiones en las que se encuentra el Salar de Uyuni. Menudo problema.
